‘Plan Bukele’ contra la delincuencia: ¿es factible adaptar la estrategia de El Salvador en Perú? Esto opinan los expertos

En la búsqueda por una solución a la delincuencia en Perú se ha despertado una nueva controversia. El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, se mostró a favor de tomar como referencia el ‘plan Bukele’ para combatir la criminalidad que afecta gravemente al país. La estrategia de El Salvador consiste en un régimen de excepción que suspende ciertos derechos constitucionales y es cuestionada por exponer a los ciudadanos a la vulneración de sus derechos.

El país salvadoreño era considerado el Estado más violento a nivel mundial. Las tasas de homicidio rodeaban el 105 por cada 100 mil habitantes. Eran miles los casos de asesinatos que se registraban en todo el país. No obstante, esto cambió cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en el 2019.

Las cifras de homicidios se redujeron de 2 mil 390 a 496 en cuatro años, no obstante, esto le costó la libertad a más de 60 mil ciudadanos que fueron recluidos en establecimientos penitenciarios sin tener una orden judicial que respalde de esta decisión, ya que el estado de excepción lo permitía. Para organizaciones como Amnistía Internacional, en el país hubo muchas vulneraciones de derechos humanos.

“La muerte de 132 personas bajo la custodia del Estado, la detención arbitraria, el procesamiento penal masivo y el encarcelamiento indiscriminado de decenas de miles de personas son incompatibles con una estrategia de seguridad pública eficaz, justa y duradera. La violación sistemática de derechos humanos y el desmantelamiento del Estado de Derecho no son la respuesta a los problemas que enfrenta el país”, detalló Ericka Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En medio de esta situación, el titular del Poder Judicial afirmó que El Salvador ha tenido “éxito” en el combate de la delincuencia y planteó la opción de tomarlo como referencia para diseñar un plan en Perú que también acabe con la violencia en las calles.

Aunque Javier Arévalo no especificó que desea imitar el régimen de excepción establecido en el gobierno de Bukele, todo indica que hace referencia a la estrategia denominada ‘Plan Control Territorial’ seguida por las autoridades salvadorenses.

La delincuencia es un tema de preocupación para todos en el país. Sin embargo, llevar a cabo la estrategia diseñada por Nayib Bukele para minimizar la violencia en las calles no sería la mejor opción. Infobae Perú conversó con el abogado penalista Andy Carrión, quien se mostró en desacuerdo con las declaraciones del titular del Poder Judicial. El especialista afirmó que antes de que se estableciera dichas medidas en El Salvador, el gobierno intervino en el funcionamiento de las entidades de justicia.

Para el experto en materia legal, sí es posible tomar en cuenta algunos aspectos del ‘Plan Control Territorial’, pero no de aquellas estrategias consideradas como represivas. Sobre todo, de aquellas que limitan derechos, pues mencionó que se han registrado casos de personas que han sido detenidas solo por haber mantenido un mínimo contacto con sujetos vinculados a actos criminales.

“El problema principal no necesariamente radica en las políticas que está implementando el Ejecutivo, sino, por ejemplo: ¿cuál es el papel principal que está jugando la policía?, ¿cuál es el rol principal que está jugando la Fiscalía ante el avance del crimen organizado? Es evidente que como una medida populista ante ante la omisión de esas autoridades, lo que pide la población es mayor efectividad para que se controle el crimen a expensas de los derechos fundamentales”, explicó.

Por otro lado, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, conversó con Infobae Perú y aseguró que el presidente del Poder Judicial debería velar por la protección de los derechos humanos y no promover regímenes que podrían vulnerar el acceso a estos. “La forma en que viene ejecutando Bukele su plan se aleja de estos principios”, detalló.

Según informó, en el país no solo existen crímenes comunes en las calles, sino que también existe el crimen organizado y la coexistencia de economías criminales, los cuales también intervienen con la vida de los peruanos y presenta índices de sicariato. En el caso de El Salvador, son ‘Las Maras’ el grupo delincuencial que prevalece en El Salvador.

Además, el director de CHS Alternativo recordó que los regímenes democráticos deben tener como centro de sus decisiones a los ciudadanos, es decir, tomar en cuenta los artículos 1 y 2 de la Constitución que, en el caso del ‘Plan Control Territorial’, no han sido respetados.

“Me parece que hay una tendencia en América Latina asociada a grupos políticos radicales de derecha que están muy de acuerdo con este tema, pero ello no hará que lidien con el problema, sino que lo van a acentuar. En estos momentos la inseguridad es un problema. No solamente en el Perú, lo es en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Eso amerita una mirada internacional una mirada mucho más profunda, porque hay cada vez más conexiones internacionales en la criminalidad y no se va a resolver haciendo tabla rasa de los derechos fundamentales de la gente de América Latina”, puntualizó.

Finalmente, el politólogo Alonso Cárdenas acotó que implementar una medida como la de Bukele debe ser evaluada también desde el ámbito de la gestión pública, pues el régimen de excepción implementado en El Salvador ha implicado que el gobierno construya nuevos establecimientos penitenciarios para albergar a los miles de detenidos. Sin embargo, eso no sería factible en Perú por las demoras en la administración de recursos.

“Si uno quiere lanzar el plan Bukele se necesita capacidad de gestión para construir cárceles grandes, pero en el Perú la capacidad de gestión está por los sueldos. El Estado peruano es totalmente incapaz de construir algo similar por la corrupción, por el burocratismo y todos los factores que ya conocemos”, aseveró a Infobae Perú.

Asimismo, mencionó que las cárceles están sobrepobladas y la calidad de vida para los reos es pésima, inclusive a nivel de América Latina. “La estrategia de implementación de Bukele tiene un pilar fundamental en las cárceles. ¿Dónde vas a meter a toda la gente? Es inaplicable, es imposible. No tiene ningún sustento en la realidad por el simple hecho de que la gestión pública en el Perú está completamente colapsada”, añadió.