Peajes de Lima: Rafael López Aliaga pide al TC resolver habeas corpus presentado por pobladores de Puente Piedra

El alcalde de Lima señaló que el Tribunal Constitucional deberá resolver el problema que existe con la empresa Rutas de Lima que administra los peajes.

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Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quiere cerrar los peajes. (Andina)
Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quiere cerrar los peajes. (Andina)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló que los vecinos del distrito de Puente Piedra han presentado un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional contra los peajes administrados por la empresa Rutas de Lima. En esa línea, invocó que se pronuncien lo más pronto posible.

“Invoco al Tribunal Constitucional a que de una vez se pueda ver porque es un tema de convulsión social. Es un habeas corpus por violación al derecho de tránsito, educación, discriminación y segregación de los vecinos de Lima y Puente Piedra”, refirió en diálogo con Panamericana Televisión.

“Si estos peajes hubieran sido puestos a la entrada de La Molina, habría toda una maquinaria de abogados parando todo, pero aquí ha ocurrido un milagro. Uno de los 39 habeas corpus ha llegado al TC para que determine si esto es justo”, agregó.

En otro momento, López Aliaga recordó que buscó acordar alguna solución con Rutas de Lima para solucionar el problema de los peajes, pero no se tuvo el éxito esperado.

“El primer pedido fue que muevan los peajes fuera de Puente Piedra para una zona más saliendo, como pasando Ancón, pero no. Todo es no. Pasamos al otro tema, de pagarle para que se vayan, le vamos a compensar para que se vayan, le dimos una cifra de acuerdo al flujo. Tampoco hubo respuesta”, anotó la autoridad edil.

El líder de Renovación Popular reiteró que viene recibiendo asesoría de abogados norteamericanos para recuperar el control de los peajes a través de un arbitraje a nivel internacional.

Así, el burgomaestre mencionó que insistirán con la intención de demandar a Brookfield, el fondo canadiense que es accionista principal de la concesión Rutas de Lima, ante la Bolsa de Nueva York y el Departamento de Justicia en Washington.

La gran promesa incumplida

El tema de los peajes es la gran deuda pendiente que el alcalde López Aliaga tiene desde que asumió su puesto el 1 de enero del 2023. De hecho, cuando estaba en campaña electoral el 2022, prometió que iban anularse.

Vecinos y alcaldes de Puente Piedra y Comas exigen a Rafael López Aliaga que anule peajes y cumpla su promesa (Latina Noticias)

“Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios que lamentablemente han logrado lauros a nivel internacional en contra de la población de Lima, más aún sabiendo que los concesionarios están manchados de corrupción”, dijo López Aliaga en conferencia de prensa el 2 de enero pasado.

El burgomaestre de la capital añadió que si bien no tiene esa facultad, tomará “otras vías de acción” en lugar de la nulidad. A partir de estos anuncios, los ciudadanos de Puente Piedra comenzaron a cuestionar al burgomaestre que decidió tomar acciones recién en julio.

El 9 de julio, López Aliaga anunció que la Municipalidad de Lima informó a la opinión pública que se dispuso el término del contrato con Rutas de Lima. A través de la cuenta de Twitter del municipio, se da cuenta de esta decisión que alegra a miles de peruanos.

“En nuestro compromiso con la población, el alcalde Rafael López Aliaga junto al defensor del Pueblo y otros actores políticos, aprobaron la terminación del contrato Rutas de Lima S.A.C., por ser lesivo y vulnerar los derechos de los ciudadanos”, se lee en la red social.

Tras este anuncio, López Aliaga dijo que el 29 de julio iba a tomar los peajes. Sin embargo, desde Brookfield, le respondieron con un comunicado.

“[...] ha emplazado a Rutas de Lina, nuestra afiliada, a entregarle los peajes correspondientes a la Concesión, bajo la ameniza de que de no hacerlo, los tomará directamente; desconociendo la medida cautelar de suspender la terminación del Contrato de Concesión hasta que el Tribunal Arbitral Internacional competente se pronuncie en forma definitiva”, se lee en la respuesta.

“[...] consideraremos dicha actuación como una grave e irreparable violación a las garantías que los Tratados celebrados por el Estado Peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros en el Perú”, agregó la empresa.

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