Desde que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, propuso que el Perú emule el régimen que ha implementado el mandatario Nayib Bukele en El Salvador para combatir la inseguridad ciudadana, varios personajes de la política peruana y autoridades se sumaron a este pedido.
Uno de los primeros en replicar las palabras de Arévalo Vela fue el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien consideró que el caso salvadoreño de lucha contra la delincuencia y criminalidad es todo un éxito.
“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública. Hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar (la delincuencia)”, comentó el premier tras presentarse en el evento ‘Semana Climática 2023′.
“Pretendemos modificar cerca de 50 normas, para hacer a la Policía más eficiente para poder atender a los ciudadanos. Sobre todo, con ‘policías de a pie’ que caminaban por nuestro barrio y nos visitaban (…). El gobierno de la presidente Dina Boluarte quiere promover este tipo de Policía más cercana a la población, a las comunidades y a los barrios y en eso estamos trabajando”, agregó Otárola.
Asimismo, el congresista de la República, Alejandro Muñante, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para manifestar que ya es momento que en el Perú se implementen métodos similares, pero “ajustados a nuestra realidad, sin que eso suponga ningún tipo de flexibilidad”.
“Podemos ser mejores que El Salvador”
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Perú adopte el ‘Plan Bukele’ en contra de la inseguridad ciudadana, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, precisó en una entrevista para Exitosa Noticias que las autoridades peruanas podrían implementar un modelo incluso mejor al que se vive en El Salvador.
“No necesariamente tenemos que igualar o aproximarnos a estos modelos que pueden ser exitosos, sino que pueden ser mejores los que tomemos acá en el Perú. Lo que se necesita es el consenso de los operadores de justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional del Perú, los defensores públicos, el INPE”, comentó.
Arriola declaró que para lograr contener la delincuencia en el país primero se deberían fortalecer las leyes para que sean más agresivas en contra de los malhechores. En esa línea, exhortó a los jueces a actuar de manera correcta y en busca de salvaguardar a la ciudadanía.
“Si traemos las palabras del presidente (Nayib Bukele) que está en Centroamérica con un país muy chiquitito vamos a tener una sola respuesta: energía. Y la energía pasa por ser enérgicos. Los jueces que se consideran super garantistas y están pro derechos humanos, bueno, hay que buscar el espacio y el tiempo para servir a la patria. No estamos pidiendo jueces autoritarios, dictatoriales, o que abusen de los derechos humanos, solo pedimos lo correcto”, aseveró.
¿En qué consiste el Plan Bukele?
En El Salvador, se instaló el ‘Plan Control Territorial’, un régimen de excepción con el que buscan luchar contra la criminalidad. Una vez puesto en marcha, se suspenden una serie de derechos constitucionales, como la libertad de asociación y el derecho a la defensa. Asimismo, se permite a las autoridades intervenir las telecomunicaciones sin que exista una autorización judicial de por medio.
Si bien el nivel de delincuencia ha bajado en el país centroamericano, gran parte es debido a la cantidad de detenciones realizadas por los policías sin que exista una orden judicial que la respalde. Solo en un mes, se registraron más de 18 mil detenidos.
Este es uno de los tantos motivos por los que muchas organizaciones de derechos humanos se han mostrado en contra de las estrategias adoptadas por el presidente Nayib Bukele.
“La sumisión de las instituciones responsables de procurar y administrar justicia en el país ha provocado la instrumentalización del proceso penal, con el que se está castigando a personas sin evidencia de que han cometido algún crimen”, comentó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.