El Ministerio del Interior (Mininter) anunció que iba a tomar medidas frente a los jefes policiales de Lima y Callao, Roger Pérez Figueroa y Jorge Luis Castillo Vargas, quienes estarían involucrados en el caso de los ascensos irregulares que se dieron durante el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo.
“Hoy día [lunes] vamos a tomar la decisión (sobre la situación de los oficiales) cuando tengamos ya la respuesta del Ministerio Público, sobre todo de los generales que han sido, justamente, comentados en los diferentes medios (de comunicación)”, dijo el ministro Vicente Romero.
El integrante del gabinete de Alberto Otárola añadió también que entregará un informe sobre el proceso que implica a los dos altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Se ha pedido (un informe) para ver a qué nivel están comprometidos los dos generales en estas investigaciones para tomar decisiones”, señaló Romero a los medios de comunicación.
Acusación constitucional
En la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Castillo se indica que promovió a diez coroneles de la PNP para tener el control de la institución, que comenzó con la designación de Javier Gallardo en la comandancia general en setiembre del 2021 tras reuniones en Palacio de Gobierno, y garantizar la fuga de los miembros de su organización criminal en caso la justicia dictará alguna medida de detención.
“Copar las jefaturas policiales en todas las zonas de frontera del país, con el claro objetivo de que, ante circunstancias adversa en las que se tuviera que sustraer del país clandestinamente a miembros de esta agrupación criminal, tales como posibles medidas cautelares personales en contra de estos, puedan viabilizar estas acciones bajo la protección de la propia autoridad policial”, se lee en el documento al que Infobae Perú accedió.
Gallardo siguió la orden de Castillo Terrones para modificar el criterio de los ascensos. En rigor, el excomandante de la PNP habría “promovido la elaboración de una directiva que regule el proceso de selección, mediante la cual se otorgue mayor poder discrecional en las evaluaciones al alto mando policial, lo cual no podría darse de otra manera que elevando el puntaje de indicadores subjetivos como la entrevista personal”.
La División de Promoción, Nombramiento, Beneficios, Incentivos y Producción de Planillas, de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, acogió la idea de Gallardo. Así es que elaboró una propuesta de directiva que recogía, en cuanto al puntaje asignado al rubro entrevista personal, la valoración de treinta puntos tal como se estableció en el proceso de ascensos del 2020.
Sin embargo, Gallardo mostró dos objeciones que iban en la línea de lo que el expresidente Castillo buscaba influir en los ascensos de la PNP: el puntaje propuesto para la entrevista personal debía pasar de treinta puntos a cincuenta puntos y en la entrevista, cada postulante debía exponer un tema que era seleccionado al azahar [de un total de treinta y cinco temas], que sería definido por el Estado Mayor GeneraI.
En medio de la aprobación de la nueva directiva para los ascensos dentro de la PNP, el expresidente Castillo sostuvo con coroneles en la sede del Ejecutivo. En un inicio fueron los siguientes cinco: Enrique Antonio Goycochea Chunga, Roger Pérez Figueroa, Nicasio Zapata Súclupe, Manuel Jesús Rivera López y Jorge Luis Castillo Vargas.
A dos semanas antes de que acabe el proceso de los ascensos dentro de la PNP, Castillo habría ordenado a Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, a que reciba del suboficial brigadier Jorge Tarrillo, quien era miembro de la escolta presidencial y supuesta persona de confianza, una lista en la que se consignaba seis nombres de coroneles de dicha institución que postulaban a ser generales para que se lo entregará al entonces comandante Javier Gallardo a fin de beneficiarlos durante las entrevistas que sostengan.
Sin embargo, al mencionado grupo de oficiales también se incluyó a los coroneles PNP Rodolfo Villanueva Nole, Eginardo Pérez Chávez, Fredy Aristo Del Carpio León, Max Henry García Esquivel y Edward Rando Espinoza López.
Ningún coronel ascendió por méritos propios, sino por sobornos a Castillo.
“Cada oficial que buscaba ascender al grado de general de la Policía Nacional, habría pagado sumas de entre veinte mil a cuarenta mil dólares americanos, a favor del entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, para obtener su ascenso; dinero que habría sido recaudado por el suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, Jorge Tarrillo Gálvez [miembro de la escolta presidencial y supuesta persona de confianza del jefe de Estado], quien habría desempeñado el rol de “cajero” dentro de la organización criminal, en el marco de los actos de corrupción desplegados por esta en el proceso de ascenso de la Policía Nacional 2021 [promoción 2022], efectivo policial que luego entregaba al mandatario Castillo Terrones el dinero obtenido producto de los hechos ilícitos, lo que se habría producido una semana previa al resultado de los ascensos de la Policía Nacional, esto es, aproximadamente entre el 08 y 14 de noviembre de 2021″, se lee en la tesis fiscal.
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