La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala por el caso de los ascensos irregulares al interior de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP). De acuerdo a un colaborador eficaz, el excomandante general Javier Gallardo habría sido el organizador de los cobros de cupos pertenecientes a los malos efectivos para el expresidente; hecho que rechaza.
En diálogo con RPP, Gallardo negó la falta de transparencia durante su gestión: “Tengo que rechazar rotundamente, desde mi óptica y desde mi conocimiento de que haya existido la más mínima irregularidad en el proceso. Mi proceso de ascensos ha sido llevado de la mejor manera, tan transparente que gracias a ello, el Ministerio Público y las autoridades pertinentes ha tenido a la mano toda la documentación de mi proceso de ascenso”.
Explicó que “el proceso de ascensos en la policía está reglamentado” y que, en el caso de los generales, se da no por concurso, sino por selección”. “Han ascendido todos los que tienen las condiciones o los requisitos que exige la ley”, sostuvo y descartó que el golpista Pedro Castillo le haya exigido privilegiar a algunos de los ascensos.
¿Qué dice la denuncia presentada por la Fiscalía?
De acuerdo al documento, con la designación de Javier Gallardo, Castillo Terrones promovió a diez coroneles de la PNP a fin de adelantarse a las solicitudes en contra de su círculo cercano y garantizar la fuga de los miembros de su organización criminal.
“Copar las jefaturas policiales en todas las zonas de frontera del país, con el claro objetivo de que, ante circunstancias adversas en las que se tuviera que sustraer del país clandestinamente a miembros de esta agrupación criminal, tales como posibles medidas cautelares personales en contra de estos, puedan viabilizar estas acciones bajo la protección de la propia autoridad policial”, se lee.
En la denuncia, se sindica a Gallardo como el responsable de promover “la elaboración de una directiva que regule el proceso de selección, mediante la cual se otorgue mayor poder discrecional en las evaluaciones al alto mando policial, lo cual no podría darse de otra manera que elevando el puntaje de indicadores subjetivos como la entrevista personal”.
A través de una reunión, realizada del 15 al 23 de octubre de 2021, “se habría llevado a cabo una exposición por parte de los participantes, en la que sustentaron cómo se desarrollaría el proceso de ascenso por selección, los actores participantes y sus responsabilidades; así como las propuestas de puntaje a ser aplicados por la Junta Selectora que presidía el comandante general de la Policía Nacional, entre estos, lo concerniente al puntaje de la entrevista personal”.
Sin embargo, el entonces comandante general habría puesto énfasis en dos puntos: el puntaje propuesto para la entrevista personal debía pasar de treinta puntos a cincuenta puntos y en la entrevista, cada postulante debía exponer un tema definido por el Estado Mayor General.
¿Quiénes fueron las personas ascendidas irregularmente?
Enrique Antonio Goycochea Chunga, Roger Pérez Figueroa, Nicasio Zapata Súclupe, Manuel Jesús Rivera López y Jorge Luis Castillo Vargas, fueron los primeros cinco coroneles ascendidos sin obedecer “a asuntos propios de sus funciones como oficiales de la Policía Nacional del Perú. Por ende, la situación descrita alcanzaría explicación únicamente en el contexto de que se habrían producido estas visitas para concertar acuerdos que permitan el ascenso de estos oficiales al grado de general, en el proceso de ascenso 2021 [Promoción 2022]”, menciona la Fiscalía.
“Cada oficial que buscaba ascender al grado de general de la Policía Nacional, habría pagado sumas de entre veinte mil a cuarenta mil dólares americanos, a favor del entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, para obtener su ascenso; dinero que habría sido recaudado por el suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, Jorge Tarrillo Gálvez [miembro de la escolta presidencial y supuesta persona de confianza del jefe de Estado], quien habría desempeñado el rol de “cajero” dentro de la organización criminal, en el marco de los actos de corrupción desplegados por esta en el proceso de ascenso de la Policía Nacional 2021 [promoción 2022], efectivo policial que luego entregaba al mandatario Castillo Terrones el dinero obtenido producto de los hechos ilícitos, lo que se habría producido una semana previa al resultado de los ascensos de la Policía Nacional, esto es, aproximadamente entre el 08 y 14 de noviembre de 2021″, se lee en el documento.