No solo son los cheques o el medio centenar de denuncias fiscales, el congresista Alejandro Soto suma una perla más a su ya cuestionada idoneidad para presidir la Mesa Directiva del Congreso de la República. El parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP) vuelve a estar en el ojo de la tormenta debido a una construcción que ha levantado en el distrito cusqueño de Yucay.
Esta edificación no solo ha causado revuelo por su tamaño, sino también por su ubicación y la falta de licencia para su construcción, por lo que las autoridades evalúan su posible demolición.
La casa, que se levanta imponente con cuatro pisos y una azotea semi techada, se encuentra en una zona protegida por su rica herencia incaica. Específicamente, está situada en el Valle Sagrado de los Incas, una región que alberga numerosos atractivos arqueológicos y culturales. La construcción de Soto, sin embargo, no respeta los parámetros urbanísticos establecidos para la zona. Según la normativa, solo está permitido levantar edificaciones de hasta dos pisos en áreas monumentales como esta.

Al respecto, el alcalde de Yucay, Abel Tecserupay, ha expresado su preocupación y ha convocado a una reunión de urgencia con la Dirección de Cultura del Cusco para evaluar la situación. La Contraloría General también ha intervenido, solicitando información sobre la edificación ilegal.
Por su parte, la directora de Cultura del Cusco, Maritza Rosa Candia, ha señalado que, aunque la casa no se encuentra en una zona arqueológica, sí está dentro de una zona monumental. Esto significa que está rodeada de restos arqueológicos y, por lo tanto, sujeta a restricciones de construcción.
Dos pisos construidos fuera de la ley
De acuerdo a las normas, en la zona de Yucay solo está habilitada la construcción de inmuebles hasta de dos pisos. La casa de Soto excede el límite y se adicionan dos pisos más que fueron construidos fuera de la ley.
A pesar de las restricciones, Soto inició la construcción de su casa en 2014, después de adquirir el terreno y sin contar con la licencia de construcción, un hecho que dice mucho sobre el accionar del parlamentario. En ese año, Leocadio Madera era el alcalde distrital y reveló que Alejandro Soto intentó “regularizar” la situación de su inmueble y pagar los arbitrios correspondientes.

Este caso llegó a los oídos de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien solicitó información al municipio y se conoció que se ha levantado una investigación sectorial para definir responsabilidades y tomar medidas al respecto.
Además de la demolición, Soto sería denunciado por la vía penal
Para las autoridades, la demolición de la casa de Alejandro Soto, en el distrito de Yucay, sería la solución a este escándalo que pone en riesgo el patrimonio cultural de la región. Esta medida drástica ya ha sido aplicada en el pasado en casos similares, como el del hotel Sheraton en Cusco, que fue demolido tras un fallo judicial.
Consultada por el diario La República, la representante de la Comisión de Juristas del Cusco, la abogada Tika Luizar, precisó que frente a este caso “corresponde realizar trámite administrativo a la Gerencia de Desarrollo Urbano del municipio y luego disponer el proceso de demolición”. Mientras que, “por la vía penal, ante la existencia de un atentado al patrimonio, se tendría que proceder a una denuncia por agravio al Estado”.
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