Alejandro Soto: programan juicio oral por reparación civil en su contra para marzo del 2024

Este lunes 21 de agosto, el Poder Judicial dio a conocer la admisión del juicio oral contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y otros demandados por el pago de una reparación civil que supera el millón de soles, solicitada por la compañía de Transportes Turísticos Waynapicchu S. A.

Si bien esta es una buena noticia para la empresa, aún deberán ser pacientes, pues el Tercer Juzgado Penal Unipersonal - Sede Cusco convocó la audiencia para el 13 de marzo del 2024, es decir, dentro de siete meses.

Como es de conocimiento público, el titular del Parlamento respaldó e invocó la Ley 31751 con el fin de prescribir el proceso penal en su contra por el delito de estafa. Si bien el juez Carlos Román Gil, del Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, declaró fundada la solicitud remitida por la defensa legal de Soto, dejó abierta la posibilidad para que la parte agraviada, la empresa de Transportes Waynapicchu, busque una reparación civil.

Amparándose en ello, el abogado Darwin Urquizo, quien defiende a la compañía, solicitó el pasado lunes 14 de agosto la instalación del juicio oral respecto a la indemnización por daños y perjuicios, que, en los hechos imputados a Soto Reyes, asciende a 323.829,87 soles.

Tal como reveló Infobae Perú, por más que la demanda es de más de un millón de soles, al parlamentario se le exige, de forma desglosada, el pago de 6.945 soles por la redacción y actualización de los estatutos de la empresa que no cumplió, y 287.271,54 por la compraventa de un terreno sobrevalorado y sobredimensionado. De aprobarse lo solicitado, el último monto deberá ser cancelado de manera solidaria por Alejandro Soto y los otros cinco implicados.

Como parte de los medios probatorios, la empresa presentó los comprobantes del pago que otorgaron al ahora máximo representante del Poder Legislativo: uno por 200 mil dólares y el otro por 65 mil, e indicaron que, si anteriormente no denunciaron, fue porque conocieron del hecho a través de una auditoría, que se realizó cinco años después.

En un intento por responder a los graves cuestionamientos en su contra, el titular del Parlamento reconoció que compró un terreno por 5 mil dólares y lo revendió a la empresa obteniendo una ganancia de 260 mil dólares. Fuera de un mea culpa, el legislador se limitó a declarar que el contrato fue legal y que la empresa tenía la libertad de haberse negado al precio final.

“Ahora en julio ratifican lo que un juez ya dijo meses atrás. Esta segunda ratificación no ha sido apelada por el Ministerio Público ni por la Procuraduría ni por los presuntos agraviados, entonces, esta imputación es falsa”, indicó.