La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó este martes el inicio de diligencias fiscales contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por el presunto delito de concusión, que se castiga con pena privativa no menor de tres ni mayor de diez a años.
El requerimiento ocurre después de que Cuarto Poder difundiera unos chats que evidencian que el legislador de Alianza para el Progreso (APP) cuenta con un grupo de troles encargados de salir en su defensa en las plataformas sociales.
Según el informe del dominical, sus propios trabajadores entregaban una cuota ‘voluntaria’ mensual para financiar publicidad, llamaban a las radios locales de Cusco, su región natal, para emitir opiniones a favor como si se trataran de ciudadanos, o empleaban horas de trabajo para borrar comentarios detractores.
“Ante el anuncio de la PGE, hago de conocimiento público que, con la conciencia tranquila, me someto a todas las investigaciones que se hagan en la Fiscalía, el Poder Judicial y todas las instancias ante las cuales demostraré que no he cometido delito alguno”, replicó Soto, quien ratificó previamente que no dimitiría en medio de una eventual moción de censura impulsada desde las bancadas de izquierda.
“Yo no voy a dejar el cargo por una renuncia voluntaria, como quisieran. Si tengo que dar un paso al costado, será porque quienes me han elegido deban tener argumentos suficientes y puedan hacerlo. La prensa limeña no quiere perder y me sigue dando duro, pero se equivocan conmigo porque poco o nada me interesa lo que digan”, dijo enfurecido en unos descargos difundidos por Canal N.
El legislador señaló que las posibles responsabilidades se verán en los fueros judiciales, no en instancias parlamentarias. “[Las denuncias] no van a decidir mi futuro como presidente del Congreso de la República. Duela a quien le duela, he sido ungido. Ya estoy casi un mes en el cargo. Si hay congresistas que quieren amparar la censura, respeto su decisión. Pero también que respeten la decisión de los congresistas [que se oponen]”, siguió.
De esa manera, evidenció por primera vez su intención de aferrarse al cargo, después de que a inicios de agosto señalara que se pondría a disposición de la comisión de Ética Parlamentaria y que, si había “una justificación válida”, daría “un paso al costado”.
Soto ha sido denunciado por nepotismo, por encubrir una reparación civil —a raíz de una denuncia de difamación—, por respaldar una ley para que prescriban los delitos de estafa y apropiación ilícita presentados por la empresa de transportes Waynapicchu y por delito contra patrimonio —después de construir un edificio ilegal entre palacios incas de Cusco.
Sin embargo, en una rueda de prensa emitida la semana pasada, rechazó “categórica y contundentemente” estos señalamientos y afirmó que no tiene ninguna sentencia ni acusación judicial pendiente.
“No tengo ningún temor, no le temo a la censura porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando y lo que estoy demostrando [...] Me someto a la Comisión de Ética, pero esta comisión solo puede investigarme por los hechos, por mi actuación como congresista desde el 26 de julio de 2021″, dijo.
El diputado, quien pasará a juicio oral por reparación civil en su contra, llegó a presidir la Mesa Directiva el pasado 26 de julio, gracias a una alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, que lo situó en la primera posición de la sucesión constitucional de la jefatura de Estado, en caso de que Dina Boluarte dimita o sea destituida.
La alianza ganadora llevó como candidato a la primera vicepresidencia del Congreso a Hernando Guerra García, de Fuerza Popular; a Waldemar Cerrón, de Perú Libre, para la segunda, y a Roselli Amuruz, de Avanza País, para la tercera.
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