La delincuencia no da tregua a la ciudadanía. Día a día, las personas son víctimas de robos, secuestros, asesinatos, entre otros actos delictivos, los cuales dejan una estela de dolor en sus familias. Esta situación ha generado preocupación en los ciudadanos, quienes temen ser víctimas de la delincuencia tanto en las calles como dentro de sus propias casas.
En ese sentido, es relevante señalar que el 45% de los encuestados afirmó sentirse muy inseguro en su zona de residencia, mientras que el 35% mencionó estar algo inseguro. Esto significa que el 80% de los encuestados se siente inseguro, en comparación con solo un 20% que manifestó sentirse algo seguro o muy seguro.
Estos datos fueron recopilados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el cual añadió que un 53% de los ciudadanos de Lima viven con el temor de residir en una zona sumamente insegura.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades por contrarrestar la delincuencia que campea impune en las calles y arterias de Lima y las regiones del Perú, los peruanos y peruanas aún se sienten inseguros.
Frente a este panorama adverso, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, planteó una posible solución que gira en torno a la aplicación de un modelo extranjero, con ciertas modificaciones.
“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, afirmó Arévalo Vela durante la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.
En otro momento de su intervención, el presidente del PJ redondeó su idea indicando que la réplica del modelo salvadoreño sería en torno a los “elementos positivos” y en materia de justicia respecto a la seguridad y a la disminución de la tasa de homicidios.
Aunque el magistrado Javier Arévalo no mencionó la estrategia de seguridad que implementó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, todo parecería apuntar hacia el régimen de excepción. Como es sabido, esta política suspende derechos y garantías contemplados en la Constitución de ese país.
Entre las garantías constitucionales suspendidas se encuentran la libertad de asociación y el derecho a la defensa, y extiende de 72 horas a 15 días el período de detención provisional. Es relevante señalar que bajo este régimen, las autoridades pueden intervenir en las telecomunicaciones sin necesidad de autorización judicial.
En diálogo con medios internacionales, el ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, señaló que un año antes de que Bukele asumiera la Presidencia, su país registró una tasa de 50,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. La autoridad también informó que para 2022, esa tasa descendió a 7,8.
No obstante, las estrategias de seguridad han sido cuestionadas por organismos internacionales. Tal es el caso de Amnistía Internacional, que en junio de 2022 indicó que el régimen de excepción vulneró los derechos humanos. Ante esto, instó al Gobierno del presidente Bukele a poner fin a esta medida radical.
Por su parte, Human Rights Watch consideró que la política de seguridad de Bukele ha llevado a la cárcel, arbitrariamente, a algunas personas sin vínculos con pandillas.
Las declaraciones del presidente del Poder Judicial generaron opiniones divididas en la opinión pública. Algunos de ellos criticaron la posible solución, mientras que otros consideraron que se deben respetar los derechos humanos.
Es relevante señalar que el titular del PJ no mencionó que copiaría el régimen de Bukele, sino que lo adaptaría a nuestra realidad. Si se llegara a implementar una estrategia similar a la de El Salvador, los organismos internacionales estarán atentos a los acontecimientos en nuestro país.
La Policía de Orden y Seguridad: otra posible solución para contrarrestar la delincuencia
La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la creación de una nueva categoría en la Policía Nacional del Perú (PNP). Se trata de la Policía de Orden y Seguridad, cuyos integrantes tendrán funciones como realizar labores de vigilancia y seguridad, prestar auxilio y protección a la comunidad, intervenir a personas o vehículos, apoyar en la descongestión y el redireccionamiento del tránsito vehicular y cierre de vías, y apoyar las intervenciones que realice el personal policial.
Si el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que propone una nueva categoría dentro de la estructura organizacional de la Policía Nacional, se cubriría el déficit de agentes del orden en nuestro país.
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