La Ley 31751, conocida popularmente como ‘Ley Soto’ por ser respaldada e invocada por el presidente del Congreso para archivar un proceso en su contra, fue en realidad elaborada por Perú Libre para beneficiar al fundador del partido político, Vladimir Cerrón. Gracias a esta norma, el médico se salvó de una condena de cinco años de prisión por el presunto delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Un informe de Contracorriente reveló que el secretario general de la agrupación política del lápiz tenía particular interés en la autógrafa presentada por su bancada para utilizarla en el caso que se le seguía por las irregularidades cometidas en la obra: “Mejoramiento del circuito vial Chupaca-Sicaya-Viczo-Aco-Mito”, donde no solo se aprobó un adelanto directo un día antes de suscribirse el contrato, sino que se otorgó un monto para la adquisición de maquinaria, cuando en la oferta presentada para la buena pro se consignó que la empresa ya contaba con las máquinas.
Por si no fuera poco, se brindó un segundo adelanto a los dos meses, cuando la ley de contrataciones exige un mínimo de tres, y, pese a todo ello, la obra para la que su gestión destinó 9 millones de soles con el fin de asfaltar la carretera Chupaca, de 22 kilómetros, hoy luce en completo estado de abandono.
Después de 52 días de haber entrado en vigencia la norma, su defensa legal la invocó para que el juez Guido Reynaldo Arroyo, titular del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Corrupción de Funcionarios de Junín, declara prescrito el delito imputado a Cerrón Rojas.
“Si no se hubiese publicado esta ley, lógicamente no habría amparado legal para que se pueda haber acogido a una prescripción. […] Todo mal y el perjudicado es toda la provincia de Chupaca”, dijo Luis Lazo, exregidor de la Municipalidad de Huancayo.
“Él había autorizado el pago irregular de adelantos de materiales, antes de la suscripción de contrato, con cartas vencidas, fuera del plazo de la ley de contrataciones y pese a todas esas deficiencias, con cartas fianzas no renovadas, el señor Cerrón autoriza el pago”, acotó el exfuncionario.
“[Vladimir Cerón] es alguien que ha perjudicado económicamente las arcas del Estado, del Gobierno Regional, por una ley que ha sido dada con nombre y apellido, y que dice ser inocente. [...] Es una obra que no ha sido concluida y ha perjudicado a la población, una población que necesitaba y exigía la conclusión de ese circuito vial necesario para ellos”, opinó Larissa Rojas, también exregidora municipal.
Al respecto, el fiscal anticorrupción Carlos Mera Palomino adelantó que enviaron al presidente de la Corte Superior de Junín “que se convoquen para que no prescriban los casos, no solo este, sino varios. Es más, nos han programado juicios para el año 2025 y también estamos presentando reconsideraciones para que eso no ocurra”.
El coordinador de las Fiscalías Anticorrupción de Junín, Ramón Vallejo, también alertó que la defensa legal de Cerrón también ha solicitado la prescripción del delito en el caso Aeródromo Huanca a inicios del juicio amparándose en esa norma.
En ese sentido, el abogado penalista Andy Carrión, la calificó de “ley con nombre propio de los políticos, porque son ellos quienes han emitido esta norma, con respaldo multipartidario, donde no solo se beneficia el presidente del Congreso, sino también políticos que conforman estos partidos, como Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna, etc”.
“Un investigado puede renunciar al derecho de postular a la prescripción. Si es que alega ser inocente, puede acceder a una sentencia que lo absuelva, pero si dice serlo y postula a la prescripción, hay cierta contradicción”, agregó.