Miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder y efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) detuvieron este jueves 17 a cerca de catorce personas por ser parte de ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, cuyas actividades criminales se concentraron en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
En la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a la que Infobae Perú tuvo acceso, entre los principales intervenidos está Fernando Ipanaqué Mendoza, exalcalde del distrito de La Unión (Piura). A esta exautoridad edil del norte del país se le imputa la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.
El papel de Ipanaqué dentro de ‘Los Operadores de la Reconstrucción’ habría sido clave. Es más, la tesis del Ministerio Público lo ubica como el cabecilla de esta organización que se gestó tras su elección como burgomaestre de La Unión en las elecciones municipales y regionales del 2018. En esa oportunidad, Ipanaque postuló por la agrupación local Región para Todos.
“Luego de tomar el poder, habría desplegado acciones tendientes a la convocatoria de sujetos en común con sus intereses para los efectos de designarlos en puestos y funciones claves que se vincularían a decisiones relacionadas al erario público municipal, es decir, a las unidades municipales por las cuales transitaba el iter documental para impulsar la conducción de dinero proveniente de la recaudación interna municipal y fondos provenientes del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) que conformaban el presupuesto institucional”, se lee en el documento fiscal.
Para lograr su objetivo, Ipanaqué nombró a los siguientes funcionarios que formarían parte de ‘Los Operadores de la Reconstrucción’:
- Juan Carlos Alvines Sosa como asesor en la alcaldía.
- Omar Neyra Torres en la gerencia municipal.
- Jesús Ruesta La Roca en la gerencia de Administración y Finanzas.
- Teresa del Carpio Sánchez en la gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
- Raúl Paulini Aguilar en la gerencia de Desarrollo Urbano.
- Máximo Palacios Lazo en la subgerencia de Obras.
- Joseph Lombardi Lizano en la subgerencia de Abastecimiento.
Sin embargo, el alcalde de La Unión se encontró con un gran problema: no tenía el suficiente presupuesto en el Foncomun para poder desarrollar las obras de gran envergadura en su distrito. Ante este panorama, la tesis fiscal señala que Ipanaqué “habría dispuesto a sus socios criminales proceder con la búsqueda de presupuesto público del gobierno central”.
“Es así que los funcionarios, contando con información privilegiada, de primera mano, dado los cargos que ostentaban advierten la existencia de diversos proyectos que se venían impulsando a través de la ARCC, que se estaban gestionando a través del Pronied del Ministerio de Educación con el objeto de realizar cambios de unidad ejecutora a favor de la municipalidad de La Unión”, se lee en el documento.
Los colaboradores de Ipanaqué se acercaron a los altos funcionarios del Estado para lograr las partidas presupuestales para el distrito de La Unión. En ese plan es que se relacionan con el encarcelado expresidente Pedro Castillo, el detenido exdirector general de la ARCC, Robert López; el asesor de este, Mario Espinoza; el congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), y sus ‘asesores en la sombra’ Francisco Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta.
Luego de estas gestiones, la ARCC destinó un presupuesto para la ejecución de obras en La Unión. Estas son las siguientes:
- La recuperación de la Institución Educativa N° 025.
- La rehabilitación del servicio educativo secundario en el citado centro de estudios.
- La recuperación del local escolar N° 1056 en el Asentamiento Humano Héroes del Cenepa.
- La rehabilitación del local escolar de la Institución Educativa N°464 Inicial.
- La rehabilitación de la infraestructura de la Institución Educativa La Unión.
- La ejecución de la ficha técnica denominada ‘mantenimiento de las calles del C.P. Nuevo Tamarindo y Arroyo Mío.
“Finalmente, se ejecutaron obras fantasmas que existieron en papeles con desembolsos económicos pero que nunca se ejecutaron en el distrito como sería el caso de la obra ‘Ejecución de la ficha técnica denominada mantenimiento de las calles del C.P. Nuevo Tamarindo y Arroyo Mío, aunado a ello, para las otras cinco obras identificadas que fueron ejecutadas con presupuesto económicos de las ARCC en el año 2021 y 2022 en el distrito de La Unión”, se menciona en el fallo del Poder Judicial.
Tras lograr el direccionamiento desde la ARCC, los colaboradores del exalcalde Fernando Ipanaqué se vincularon a empresas privadas con el objetivo de promover de manera selectiva la adjudicación de obras a través de procesos fraudulentos previamente concertados con fines de hacerse del dinero del Estado.
Adjudicaciones fraudulentas
La Fiscalía sostiene que luego de lograr el direccionamiento de partidas presupuestales para las obras en el distrito de La Unión y el acercamiento a empresas del sector privado, el exalcalde Fernando Ipanaqué promovió de manera directa la conformación de comités de selección integrados por funcionarios nombrados por él y parte de ‘Los Operadores de la Reconstrucción’ con el fin de flexibilizar los controles para direccionar las bases de los procesos de selección, el otorgamiento de la buena pro, la suscripción de los contratos y la ejecución contractual.
Estas movidas de la exautoridad edil buscaba beneficiar a las empresas implicadas:
- Constructora La Torre Contratistas Generales.
- Constructora San Sebastián Piura SAC.
- Corporación Aries Minera y Construcción.
- N&N SAC.
- HTYV Corporación Empresarial.
- Inversiones y Servicios Generales Jadait.
- Lenus SAC.
- Negocios e Inversiones Arpisa EIRL.
De este grueso grupo, las beneficiadas con obras para la reconstrucción de colegios devastados por el fenómeno del Niño Costero fueron Lenus SAC y Corporación Aries Minería y Construcción (S/17.7 millones); HYTV Corporación Empresarial (S/13.5 millones); N&N SAC (S/2.7 millones); Constructora San Sebastián Piura (S/2.6 millones) y Constructora San Sebastián y La Torre Contratistas Generales (S/2.4 millones).
En todos los casos, las firmas pagaron sobornos por un monto aproximado de más de S/ 39 millones.