Estos son los cheques por 265 mil dólares que comprobarían la presunta estafa de Alejandro Soto

Las autoridades fiscales acusan a Alejandro Soto, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, de estafa por la venta de un predio a US$265.000 que meses antes él mismo lo había adquirido a US$5.000. Soto Reyes, entonces asesor legal de la empresa Transportes Wayna Picchu, se habría aprovechado de su cargo para convencer al directorio de realizar dicha compra en el 2012.

Transportes Wayna Picchu afirma que el consejo directivo que autorizó la compra del terreno a la comunidad campesina desconocía hasta aquel día la verdadera identidad del vendedor (Alejandro Soto) a quien se le giró en dos cheques el monto de la compra: US$200.000 el 26 de noviembre y US$ 65.000 el 24 de diciembre. Dicha información fue descubierta gracias a una auditoria.

Al respecto, La República publicó la fotografía de los cheques que comprobarían la transferencia realizada a las cuentas de Alejandro Soto, los cuales prueban que él mismo los recibió, tal como acreditan sus firmas y huellas digitales.

Estos documentos fueron entregados por la empresa Transportes Wayna Picchu al juez Carlos Román Gil a fin de obtener el pago por reparación civil por daños y perjuicios contra el vendedor.

Se presume que el actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso compró un lujoso inmueble valorizado en US$252.000 en el distrito cuzqueño de San Jerónimo, en el 2015. El dinero depositado para esta compra habría sido producto de la venta fraudulenta que realizó a Transportes Wayna Picchu debido a que en la partida registral a la que accedió La República, no se consigna que el espacio se haya pagado a través de una hipoteca.

En su argumento de autodefensa, Alejandro Soto ha comunicado que la compañía no le presentó la reclamación por la adquisición del terreno hasta pasados 5 años, y efectivamente esto ocurrió, ya que fue en el año 2017 cuando Transportes Wayna Picchu identificó la mentira que el congresista realizó en colaboración con otros miembros de la organización.

La fiscal Etel Marquina Rodríguez corroboró los hechos presentados por la empresa agraviada y solicitó una sentencia de 8 años y 8 meses de prisión para Alejandro Soto, por el presunto delito de estafa y falsedad genérica. No obstante, el exasesor ideó unas tácticas junto a sus abogados para evitar la cárcel, lo cual parecía inminente en aquel entonces.

Soto Reyes logró extender la fecha de la sentencia del juicio hasta el 21 de julio, mientras, trabajaba en el Congreso para introducir en la agenda del Pleno el debate sobre la aprobación de una ley de prescripción que podría eximirlo de una condena de prisión. Con su voto a favor en el Hemiciclo, se promulgó la Ley N°31751. El 14 de julio, Soto solicitó acogerse a esta ley para archivar la acusación en su contra.

El juez Carlos Román aceptó la petición de Soto el 21 de julio y emitió la resolución de archivo el 24 de julio, tan solo 48 horas antes de que Soto fuera elegido presidente del Congreso. A pesar del archivo, Soto todavía estaba obligado a pagar una reparación civil. El juez Román indicó que la parte agraviada, Transportes Wayna Picchu, tenía derecho a solicitar esta compensación.

Aunque la prescripción evitó que Soto enfrentara una condena penal, no eliminó el delito de estafa. Como consecuencia, Transportes Wayna Picchu presentó al juez pruebas de cheques que demostraban la estafa perpetrada por Soto, quien ahora ocupa el cargo de presidente del Congreso.

Ahora, la atención de la compañía Transportes Wayna Picchu está dirigida hacia el cumplimiento del pago de una reparación civil por daños y perjuicios. En ese sentido, la empresa denunciante pretende que el congresista de Alianza para el Progreso desembolse a su favor S/324.000.

Además de ser acusado por promover la compra de un terreno suyo, Waynapicchu S.A. también denunció a su entonces abogado Alejandro Soto por incumplir con la elaboración de los estatutos de la empresa pese a haber cobrado S/6,945.00 por el servicio.

Aunque el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha asegurado que no se serviría de la ley 31751, estas declaraciones serían totalmente falsas, ya que el propio abogado del congresista citó la mencionada ley entre sus alegatos.

Además, Infobae Perú dio a conocer una serie de documentos que respaldan que no solo se hizo referencia a la ley promovida por Soto en las solicitudes de sobreseimiento del caso, sino que también el juez admitió la defensa de Soto basándose en la modificación introducida por la ley al código penal.

Según un informe difundido el miércoles 16 de agosto por Al estilo Juliana, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, construyó un edificio ilegal en Yucay, un distrito histórico de Cusco. A pesar de que la norma permite dos niveles, el titular del Parlamento decidió edificar 5 pisos. La restricción se estableció por tratarse de un sitio arqueológico protegido, con templos y palacios incas.

El ingeniero Romero Hinojosa, subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la comuna, expuso al programa que, de acuerdo a una ordenanza municipal elaborada con el Ministerio de Cultura, la construcción está comprendida en una zona arqueológica que es patrimonio de la Nación.

De acuerdo con una investigación del programa Al estilo Juliana, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, tuvo un sorprendente incremento de sus bienes entre el 2010 y 2022. En rigor, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) informó a la Contraloría General de la República que su patrimonio se aproximaba a la suma de S/ 3.461.597,27.

El medio local citado detalló que Soto, cuando no tenía ninguna aspiración política, reportaba tan solo S/7.120. Esta cifra se dividía entre las remuneraciones que percibía del sector público (S/ 3.120) y del privado (S/ 4.000).

Pese a la ola de cuestionamientos de las últimas semanas, la bancada de Fuerza Popular no respaldará con sus votos ninguna eventual moción de censura que se presente contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, en los próximos días.

“La posición de Fuerza Popular es respaldar al presidente del Congreso”, dijo la parlamentaria Vivian Olivos en declaraciones a RPP Noticias. Agregó que su colega Roberto Sánchez está en su derecho de promover la salida de Soto de la Mesa Directiva, pero también cuestionó su pasado con el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Alejandro Soto confirmó que efectivamente cedió la propiedad a Transportes Wayna Picchu, la cual había adquirido por 5 mil dólares, por un valor de 265 mil dólares. Increíblemente, señaló que la empresa tenía la opción de anular el contrato y restituirle la propiedad, pero no lo hizo.