El Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EEFCCP) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) Policía Nacional del Perú realiza desde la madrugada de este jueves un megaoperativo para detener catorce personas y allanar 49 inmuebles en Lima, Piura, San Martín, Áncash y Huánuco en el marco de un nuevo caso de corrupción que salpica al gobierno de Pedro Castillo. Se trata de la denominada red criminal “Los operadores de la reconstrucción”.
De acuerdo a la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Leodan Cristóbal Ayala, esta organización se encargaba de conseguir presupuestos y colocar empresas ganadoras en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Estas operaciones ilícitas se habrían realizado bajo la gestión de Robert López López, quien sería el cabecilla, y tendría 29 integrantes.
Según la tesis del Ministerio Público, López condicionaba el otorgamiento de presupuesto al exalcalde Fernando Ipanaqué Mendoza cambio de percibir un porcentaje de las cuatro obras que se iban a ejecutar en el distrito de La Unión (Piura). Sin embargo, la acción del exdirector de la ARCC no habría sido posible sin una aparente orden previa.
En el fallo judicial se da cuenta de una nueva declaración de Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado, quien refirió que López fue colocado por el prófugo empresario y dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez.
Además, Marrufo agregó que el exministro Alvarado le comentó que el expremier Aníbal Torres solicitaba en reuniones privadas, tras cada sesión del Consejo de Ministros, a los integrantes del gabinete que hagan bolsas de dinero para costear la defensa legal del expresidente Castillo frente a las diversas investigaciones por casos de corrupción en los que se encuentra incluido.
En la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, bajo la administración de Robert López, también se habría seguido la orden de Torres para recolectar dinero a favor del exjefe de Estado.
Detenidos
El Poder Judicial dispuso que López sea detenido de manera preliminar por un plazo de 10 días. El fiscal Jorge Mauro García, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la Diviac, y más efectivos llegaron a la vivienda del exdirector ejecutivo de la ARCC ubicada en la calle Los cisnes N° 340 - Urbanización Limatambo - en San Isidro.
La medida alcanza también a Mario Espinoza Vera, Fernando Ipanaque Mendoza, Omar Neira Torres, Raúl Paulini Aguilar, Máximo Palacios Lazo, Joseph Lombardi Lizano, Jorge Bernal Barranzuela, Augusto Naquiche Yovera, Jesús Acosta Martínez, Diahara Pérez Villalobos, Margory Goicochea Suelpres de López, Francisco Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta.
De este grupo, Jara y Valdivia trabajan como asesores en el despacho del congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) desde el 27 de julio del 2021 tal como se muestra en la consulta de personal de la página web del Parlamento.
Según la resolución, ambos habrían cumplido el papel de lobistas y se acercaron a alcaldes distritales para integrarlos a la red liderada por López en la ARCC. En retribución, se beneficiaron económicamente. Hay registros de llamadas que evidencian su participación.
Jara fue detenido en una casa ubicada en la urbanización Mangomarca del distrito de San Juan de Lurigancho. En tanto, Valdivia terminó intervenido en un hotel en Yarinacocha, en Ucayali.
A todos los involucrados se les imputa la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios, en la modalidad de colusión agravada.
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