Catorce personas han sido detenidas este jueves 17 por miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder y efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) por presuntamente pertenecer a la organización ‘Los Operadores de la Reconstrucción’ que concentró sus actividades criminales en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
En la resolución judicial del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a la que Infobae Perú tuvo acceso, se menciona que entre los principales involucrados están Robert López, exdirector ejecutivo de la ARCC, y Fernando Ipanaqué Mendoza, exalcalde del distrito de La Unión (Piura), quienes estarán 10 días privados de su libertad.
La misma medida se aplicará para Mario Espinoza Vera, Omar Neira Torres, Raúl Paulini Aguilar, Máximo Palacios Lazo, Joseph Lombardi Lizano, Jorge Bernal Barranzuela, Augusto Naquiche Yovera, Jesús Acosta Martínez, Diahara Pérez Villalobos, Margory Goicochea Suelpres de López, Francisco Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta.
Jara y Valdivia son sindicados como “asesores en las sombra” del congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú).
Además, las autoridades fiscales y policiales allanaron 33 viviendas y 16 domicilios fiscales en Lima, Piura, San Martín, Áncash y Huánuco.
Historia de una designación
En el fallo del Poder Judicial se menciona que Robert López, exdirector general de la ARCC, tuvo el papel de ‘organizador’ dentro de ‘Los Operarios de la Reconstrucción’. Por ello, la Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y cohecho pasivo propio.
Sin embargo, López no hubiese podido llegar a liderar la ARCC si no fuera porque tuvo que pasar un largo camino en el que Alejandro Sánchez, el prófugo empresario que era dueño de la casa de Sarratea, tuvo mucha influencia.
Según la declaración de Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del exministro Geiner Alvarado, el 28 de junio pasado, se da cuenta cómo López llegó al círculo más cercano del expresidente Pedro Castillo gracias a Sánchez.
En octubre del 2021, Marrufo cuenta que Alvarado recibió un mensaje vía WhatsApp de Castillo Terrones para proponerle a López como presidente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). “Ministro, llámalo para presidente de Sedapal”, le escribió el exmandatario al extitular de la cartera de Vivienda.
En ese contexto es que Alvarado le escribió a López para que le mande su hoja de vida. Luego, el documento que recibió fue reenviado a Durich Whittermbury, entonces secretario general de Vivienda, para que se lo pase al Fonafe, donde se hizo la respectiva evaluación. Desde la entidad indicaron que el detenido exdirector de la ARCC no cumplía con el perfil requerido.
Es ahí que Alejandro Sánchez entra a tallar para presionar a Alvarado con el fin de que que ponga a López en algún puesto vinculado a su cartera. Se da cuenta de una reunión entre los tres personajes. En esa ocasión, López reclamó que no lo habían apoyado para ser el flamante titular de Sedapal a pesar de que dijo venía como recomendado del expresidente Castillo. Tanta fue su molestía que se retiró antes de que acabe la cita de trabajo.
El dueño de la casa de Sarratea tuvo que contactarse otra vez con el exministro de Vivienda para disculparse por el comportamiento de López, quien refirió que necesitaba el trabajo porque tenía una hija delicada de salud. Es así que le dijeron que podía trabajar como gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarilla de Cañete, lo cual se concretó el 24 de diciembre del 2021.
Sin embargo, Marrufo menciona que Alvarado recibió una llamada desde Palacio de Gobierno para que López esté en el programa de Saneamiento Urbano de Vivienda. No duró mucho tiempo porque el entonces ministro lo destituyó tras recibir una denuncia de Ítalo Felipe Valle Pachas, gerente general de la empresa IVC Contratistas Generales S.A, quien apuntó que le estaban pidiendo un soborno para el pago de valorización de una obra.
El 9 de marzo salió la resolución 76-2022, en el diario oficial El Peruano, con la salida de Robert López de la entidad de Vivienda, pero no se tardó mucho porque Alejandro Sánchez intercedió otra vez por él para que sea el flamante director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a partir del 18 de mayo del 2022. En este cargo se mantuvo hasta el 28 de diciembre pasado cuando fue cesado por el gobierno de Dina Boluarte.
Bolsas de dinero
Robert López, detenido exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), tenía una directiva expresa del expremier Aníbal Torres para hacer bolsas de dinero con el fin de costear los gastos de los abogados de Castillo Terrones frente a las indagaciones que se le abrían en la Fiscalía de la Nación.
Se menciona que Salatiel Marrufo y otro colaborador eficaz señalaron que el papel de López dentro de ‘Los Operarios de la Reconstrucción’ consistió en aprobar los expedientes que el director de intervenciones en el sector de Educación de la ARCC iba a presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la financiación de las cuatro obras del distrito de La Unión, en Piura, por la cual iba a recibir una retribución económica.
“Consistente en darle viabilidad de los expedientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, a través del director de intervenciones en el sector de Educación de la ARCC, para la autorización de la transferencia de partidas presupuestales del sector público para el Año fiscal 2022 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; específicamente de la ciudad Distrital de La Unión - Piura, y a cambio de ese apoyo habrían recibido sumas de dinero en proporción al valor de cada obra”, se lee en el documento.
Sigue prófugo de la justicia
Alejandro Sánchez Sánchez está como no habido de la justicia desde el 17 de noviembre del 2022 cuando el Poder Judicial dispuso que tenga 30 meses de prisión preventiva por el caso ‘Gabinete en las sombras’.
Al exsocio de Pedro Castillo se le imputa los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Se ha pedido la ubicación y orden de captura a nivel internacional e internacional contra el imputado. El Ministerio del Interior dispuso una recompensa de 30 mil soles para saber sobre su paradero.
Sin embargo, Sánchez buscó anular la orden judicial ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, pero no tuvo éxito porque su recurso fue declarado infundado. En una de sus últimas apariciones públicas, mencionó que no se iba a entregar porque, a su juicio, no cometió ningún delito.
“Yo decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido ningún delito y es natural autoprotegernos. Ligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón. Nada de lo que dicen los fiscales, en base a las fuentes de información que hacen referencia, es verdad. Lamento que se utilice a la justicia para repetir narrativas de personas que han cometido delitos y que afecten mi honra y reputación”, apuntó.