Así operaba la red internacional de pornografía infantil desmantelada por el FBI y la Policía Nacional

Rocío Gala, coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Trata de Personas, mencionó que las imágenes eran comercializadas a través de correo electrónico y otras aplicaciones

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Desarticulan red internacional de pornografía infantil (Ministerio Público)
Desarticulan red internacional de pornografía infantil (Ministerio Público)

El miércoles la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima (Fistrap) – Equipo 01, la Policía Nacional del Perú y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional HSI de EE.UU., realizaron la detención preliminar de los hermanos Johan José María Del Mar La Rosa y Jim Anthony Chumpitaz La Rosa, investigados por los presuntos delitos de pornografía infantil agravada, que tenía como víctimas a tres hermanas menores de edad (de 6, 8 y 16 años) que serían sus familiares y que vivían junto a ellos en un inmueble en Lurín.

Este jueves se conocieron más detalles de cómo operaba la red criminal. Rocío Gala, coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Trata de Personas explicó, en el programa Buenos Días Perú, que fue la empresa proveedora de servicios (en este caso Google) la que dio alerta de que un grupo de usuarios, mediante sus correos electrónicos, venían “distribuyendo, comercializando y produciendo este tipo imágenes con contenido de explotación y abuso sexual infantil”.

La información fue remitida a las autoridades peruanas a través de alerta de National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), de EE. UU.

“En estos días, la fiscal a cargo de la investigación está recabando todas las evidencias que ha incautado en el lugar de los hechos. No se descarta que en ella pueda encontrar más números vinculados, más cuentas y más teléfonos”, dijo y añadió que también se han incautado celulares y que se revisarán sus aplicaciones para corroborar si a través de ellos se habría enviado o registrado el material.

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Menores a buen recaudo

Por otro lado, agregó que con ya suman 79 casos de denuncias de este tipo en lo que va del 2023. Además, detalló que tras la intervención y el rescate de las menores se pusieron en contacto con la Fiscalía de Familia y a la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer que “han puesto a buen recaudo a las menores de 6, 8 y 16 años para salvaguardar su integridad”.

“Nosotros somos conscientes de que lo primero que tenemos que hacer es separar a esas menores de esa situación de peligro en la que han estado”, mencionó y agregó que será la UPE la que decida si las menores irán a un albergue temporal.

Investigación en proceso

La Fiscalía ha señalado que esta investigación data de febrero de 2023, cuando la empresa Google reportó que un usuario, vinculado al Johan Del Mar y Jim Chumpitaz, distribuía material de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.

Además, a través de los operadores móviles de los hermanos, se conoció que realizaban las mismas acciones mediante aplicativos. Con estos indicios, la Fistrap dispuso que se lleven a cabo las acciones de inteligencia con el apoyo del Departamento de Ciberprotección Infantil de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la PNP, y detuvo de manera preliminar a ambos hermanos, cuyas viviendas fueron allanadas para incautar dispositivos electrónicos relevantes para la investigación.

Delito vinculado a la pornografía infantil

La pornografía infantil se refiere a todo material que muestre a un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus genitales. La tipificación de este hecho prioriza los derechos vulnerados del infante.

De acuerdo al Código Penal, aquellos que adquieren este material para consumo propio —ya sea a través de la tecnología o físicamente— afrontan multas de seis meses a dos años o prisión de tres meses a un año.

En tanto, para quienes produzcan, utilicen, capten, exhiban, vendan, ofrezcan, distribuyan o faciliten este material, la ley establece una pena de prisión que va de uno a cinco años y, de pertenecer a una organización dedicada a esto o ser reincidente, el rango asciende y pasa a cinco y nueve años.

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