El presidente del Congreso, Alejandro Soto, construyó un edificio ilegal en Yucay, un distrito histórico de Cusco, su región natal. La propiedad tiene cinco pisos, pese a que la norma solo permite dos niveles —y seis metros de altura como máximo— por tratarse de un sitio arqueológico protegido, con templos y palacios incas, según un informe difundido este miércoles por Al estilo Juliana.
El ingeniero Romero Hinojosa, subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la comuna, expuso al programa que, de acuerdo a una ordenanza municipal elaborada con el Ministerio de Cultura, la construcción está comprendida en una zona arqueológica que es patrimonio de la Nación.
El inmueble de 480 metros cuadrados, en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, fue adquirido por el legislador en enero del 2014 por diez mil dólares, según el reportaje, que cita información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
A la fecha, tres semanas después de la elección que lo colocó en la Mesa Directa, el diputado de Alianza para el Progreso (APP) aún figura como propietario, aunque un viandante señaló al programa que el predio “ahora es de un español”.
“Las anteriores gestiones no han hecho una fiscalización correcta, se han construido sin licencias de edificación ni permiso de la municipalidad distrital. Esas edificaciones están en falta y lo que podemos hacer es notificarlas y seguir un proceso sancionador. Incluso, hasta se podría llegar a la demolición de esos inmuebles”, remarcó Hinojosa.
El exalcalde de Yucay, Lecadio Madera, admitió que su administración inició un proceso contra Soto y que el legislador le deslizó una propuesta para regularizar el predio. “Yo ya encontré así [el edificio]. Si no lo hubiera encontrado así, sobre mi cadáver hubiera construido [...] Me buscó, cosa que no acepté, porque si aceptaba legalizaba las construcciones y aparte cometía delito”, dijo.
Por su parte, el arquitecto urbanista Aldo Facho consideró que el edificio le vulnera el paisaje histórico en un lugar que fue residencia de los incas Huayna Cápac y Sayri Túpac. “Y esto, en una zona monumental, altera estos valores que le han dado esta condición”, mencionó.
Esta nueva denuncia, que engrosa la ola de acusaciones que enfrenta el presidente del Parlamento, ocurre cinco días antes de su viaje a la región por la semana de representación, que se extenderá hasta el 25 de agosto. Su despacho ha prometido que responderá a los cuestionamientos el lunes 28 de agosto a las 10:00 horas en Sala Raúl Porras Barrenechea, una vez que retorne y recabe documentación que avale su descargo.
Él mismo ha anticipado que se pondrá a disposición de la Comisión de Ética Parlamentaria —cuando esta se instale— para responder “de manera voluntaria” a la cadena de denuncias, la última de las cuales implica un presunto encubrimiento de deuda por reparación civil cuando era candidato a legislador.
La semana pasada, el titular del Parlamento rechazó que haya impulsado un proyecto legislativo que modificó el plazo de prescripción de los procesos penales, lo que significó un eventual beneficio cuando iba a recibir una segura condena por presunta estafa y falsedad genérica.
Soto fue denunciado en 2012 por la empresa de transportes Turísticos Waynapicchu por dos actos irregulares que ejecutó cuando era su asesor legal: el primero por no cumplir con redactar los estatutos de la empresa, pese a que percibió un pago previo; y por vender un terreno de su propiedad a un precio mucho mayor al que había pagado.
Según La República, el legislador vendió por 265 mil dólares un predio que había adquirido por solo mil dólares. Posteriormente, en 2015, compró un lujoso inmueble por 252 mil dólares en el distrito cusqueño de San Jerónimo.
La partida registral, a la que accedió el diario, no consigna que el espacio se haya pagado a través de una hipoteca, por lo que eventualmente el monto de 2012 fue destinado a dicha adquisición. A inicios de agosto, el parlamentario ya había sido señalado por la presunta contratación de su cuñada en su despacho desde el 2021.
Tiene 55 denuncias en la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción ―los cuales él desconoce— y ha esgrimido que hay “una campaña mediática” en su contra y que lo quieren “desprestigiar”.
“He presentado un certificado de antecedentes penales y judiciales, el cual acredita que estoy limpio. Qué más podemos pedir. Si se encuentra algo que amerite [mi salida, tendré que dejar el puesto]. Si no es así, voy a seguir trabajando en beneficio de quienes me han elegido”, concluyó.