Sobrino de Pedro Castillo, exprófugo y coimputado en red criminal, lo visita en Barbadillo

Gian Marco Castillo ingresó el 25 de julio y el 8 de agosto al penal de Barbadillo, donde permaneció por más de seis horas, según la Unidad de Investigación de Canal N

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Fuente: Canal N

Gian Marco Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo y coimputado en la investigación fiscal por presunta colusión agravada en organización criminal, visitó a su tío sin contratiempos en el penal de Barbadillo en al menos dos ocasiones y por más de seis horas, según imágenes difundidas este martes por Canal N.

El exprofugo de la justicia, quien cumplió prisión preliminar después de que la Policía Nacional (PNP) ofreciera 15 mil soles de recompensa por su ubicación y captura, debe seguir reglas de conducta ordenadas por el Poder Judicial, entre ellas no comunicarse con los “coencausados”, incluido el exmandatario.

“Pero yo vengo hablar con mi tío un tema familiar, como usted sabrá. El tema de su salud, como traerle su alimentación”, dijo el implicado en las afueras del penal, donde fue captado con bolsas de víveres.

“Tengo restricciones, [...] después el resto no hay porque yo estoy cumpliendo con las citaciones, lo único que me han puesto”, siguió. La Unidad de Investigación del canal lo observó ingresar el 25 de julio a las 9:16 horas y permanecer hasta las 15:00 horas. Después, siguió la misma rutina el 8 de agosto: llegó a las 10:00 horas y salió a pasadas las 14:00 horas.

El sobrino está involucrado en investigaciones fiscales sobre presuntos actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga (San Martín).

Según la Fiscalía, el Consorcio Puente Tarata III presuntamente fue favorecido en esta licitación, pese a que no cumplía con la experiencia mínima en obras similares.

El Ministerio Público consideró las declaraciones de la empresaria y colaboradora eficaz Karelim López, quien indicó que los sobrinos de Castillo —junto al exsecretario de la Presidencia, Bruno Pacheco—, habrían tenido injerencia indebida en la designación de funcionarios de Provías con el objetivo de direccionar obras.

A fines de marzo, la Justicia ya había ordenado la detención preliminar por diez días contra once implicados y al menos tres fueron capturados, entre ellos el empresario Zamir Villaverde, mientras que otros tres se pusieron a disposición del Poder Judicial y otros tres se dieron a la fuga, entre ellos Gian Marco Castillo.

El presidente de Perú, Pedro
El presidente de Perú, Pedro Castillo, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

La visita del sobrino ha sido expuesta la misma semana en que Cuarto Poder reveló que Henry Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente e investigado por presuntos aportes ilícitos a la durante la campaña por la segunda vuelta presidencial en 2021, era un acérrimo visitante del recinto carcelario ubicado en Ate.

“Lo he manifestado en mi declaración cuando ha habido mi audiencia. Lo he hecho en otros canales de televisión, también lo he dicho. [La vista es por un] tema humanitario. Le llevo libros, lo visito, cómo está de salud, en qué situación está, si es que tiene problemas allí internamente”, declaró al dominical el empresario que fue detenido en noviembre del año pasado como parte de la investigación fiscal por irregularidades en la compra de biodiesel.

Castillo, de igual manera, registra visitas de la congresista y exministra de Cultura, Silvana Robles, acusada por la Procuraduría de peculado doloso tras solicitar, en mayo pasado, el reembolso de combustible en actividades que “no cumplían representación oficial”.

“Me contactaron porque él estaba mal de salud, tiene una afección dentaria que no la trata. Yo les dije que yo no tengo vehículo para poder ir a verlo y me dijeron: ‘Nosotros la llevamos’. Y subí al carro, me fueron a recoger y fui a visitar al expresidente y salí”, justificó.

El Poder Judicial ordenó disponer una prórroga de ocho meses a la investigación contra el expresidente por el fallido autogolpe, cuyo plazo venció el 12 de agosto. El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento que hizo la Fiscalía y amplió la pesquisa hasta el 11 de abril de 2024.

La complejidad propia de la investigación, la modalidad de comisión de los delitos imputados y la cantidad de actos de investigación pendientes de realizar, fueron algunos de los argumentos del juez para tomar la decisión.

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