Roberto Sánchez da ultimátum a Alejandro Soto: “Si no responde antes del 28, presentaremos su censura”

Parlamentario instó al titular del Congreso a que se pronuncie por los graves cuestionamientos en su contra entre “hoy, mañana o pasado”. “Esperar más para la conferencia de prensa es imposible”, sostuvo

Congresista asegura que, de no tener respuestas por parte de Soto, presentarán una moción de censura en su contra. | RPP

Le exigen que responda. El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) cuestionó que el titular del Poder Legislativo, Alejandro Soto, haya programado una conferencia de prensa para el próximo 28 de agosto. Frente a ello, instó a que se pronuncia antes de la fecha y adelantó que, de no hacerlo, presentarán una moción de censura en su contra.

Como se recuerda, a través de un comunicado, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso anunció que el máximo representante de la entidad declarará “con la finalidad de resolver las consultas de los medios de comunicación”, en dos semanas.

“Exhortamos a que responda cuanto antes. Esperar al 28 es imposible. El señor tiene que hacer su conferencia hoy, mañana o pasado. Ya tenemos la moción de censura, ya está (redactada). Lo respetuoso es que el señor dé cuentas. […] No es un ultimátum, sino un llamado a absolver este conjunto de denuncias serias sobre su actuación y que está causando inestabilidad en la Mesa Directiva”, dijo el parlamentario en diálogo con RPP.
Los cuestionamientos sobre Alejandro Soto continúan en aumento. | Infobae Perú / Camila Calderón

Declaración se da luego de conocerse que el representante del Poder Legislativo habría mentido en su declaración jurada, ya que estaba imposibilitado de postular al cargo. De acuerdo a un reportaje de Panorama, Soto debía una reparación civil por el delito de difamación, la cual pagó una vez que obtuvo un curul.

Consultado por el caso, el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que es mucho más grave de lo que se cree, pues se trata de un presunto “delito de falsa declaración y procedimiento administrativo”, por el cual podría enfrentar una pena de hasta cuatro años de cárcel.

“El presidente del Congreso está con las horas contadas. Debe dar un paso al costado, porque, si no, procedería su denuncia”, dijo entonces Sánchez Palomino. En tanto, su correligionaria Ruth Luque agregó que “ante esta evidencia de haber omitido la información, las declaraciones que está dando el presidente no corresponden a la realidad de los hechos. Entonces, aquí corresponde que su bancada tome una decisión más enfática sobre si es sostenible o no su permanencia en el cargo”.

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No es el único. Los legisladores Alex Paredes y Edgar Tello, de la bancada Bloque Magisterial, afirmaron que la presentación de una censura es una posibilidad que no descartan. “Nosotros, como grupo parlamentario, vamos a analizar lo que se ha conocido para tomar una decisión colectiva”, aseveró Paredes.

Caso similar se presenta al interior de Renovación Popular. El vocero de la agrupación parlamentaria comentó que su salida es una medida que evalúan. “La salida técnica que veo es que se someta a Ética cuando sea nombrada, y veamos qué resultado sale de allí para ver el siguiente paso que se da. Se puede llegar hasta la censura. Podría llegar a esa situación si la falta es grave y la comisión que lo vea directamente la pone en evidencia, tendríamos que pensar en esa salida”, mencionó Jorge Montoya.

Otros cuestionamientos en su contra

Si bien ha negado todas las denuncias públicas, existen pruebas que lo contradicen. Por ejemplo, rechazó haberse favorecido con la ley 31751 que él mismo respaldó e invocó. Sin embargo, existen escritos y material audiovisual donde su defensa legal hace uso de este artilugio legal, el cual le permitió salvarse de una condena de más de ocho años.

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Al verse expuesto, el parlamentario intentó tomar distancia del accionar de su abogado Walter Pimentel Peralta e indicó que el caso ya había sido prescrito. No obstante, evitó decir ante la prensa que una sala de apelaciones anuló dicha sentencia, por lo que continuaba siendo investigado.

Asimismo, se le acusa de haber cometido otro presunto conflicto de interés al solicitar información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la ampliación de permisos operarios a la empresa PeruRail, pese a que fue asesor legal y prestó servicios de publicidad por nueve años a la compañía.