El expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado y por actos de corrupción, también quiso manejar a su antojo la Policía Nacional del Perú (PNP) en su convulsionado gobierno. Así se desprende de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides, a la que Infobae Perú tuvo acceso, ante el Congreso de la República.
En el documento del Ministerio Público se menciona que Castillo Terrones promovió a diez coroneles de la PNP para tener el control de la institución, que comenzó con la designación de Javier Gallardo en la comandancia general en setiembre del 2021 tras reuniones en Palacio de Gobierno, y garantizar la fuga de los miembros de su organización criminal en caso la justicia dictará alguna medida de detención.
“Copar las jefaturas policiales en todas las zonas de frontera del país, con el claro objetivo de que, ante circunstancias adversa en las que se tuviera que sustraer del país clandestinamente a miembros de esta agrupación criminal, tales como posibles medidas cautelares personales en contra de estos, puedan viabilizar estas acciones bajo la protección de la propia autoridad policial”, se lee.
Para ello, Gallardo siguió la orden de Castillo para modificar el criterio de los ascensos. En rigor, el excomandante de la PNP habría “promovido la elaboración de una directiva que regule el proceso de selección, mediante la cual se otorgue mayor poder discrecional en las evaluaciones al alto mando policial, lo cual no podría darse de otra manera que elevando el puntaje de indicadores subjetivos como la entrevista personal”.
La División de Promoción, Nombramiento, Beneficios, Incentivos y Producción de Planillas, de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, acogió la idea de Gallardo. Así es que elaboró una propuesta de directiva que recogía, en cuanto al puntaje asignado al rubro entrevista personal, la valoración de treinta puntos tal como se estableció en el proceso de ascensos del 2020.
La directiva se la presentaron a Gallardo en una reunión en la que participaron también los siguientes mandos policiales: el entonces director de Recursos Humanos, el general PNP José Méndez Lengua; personal de la secretaría de la Comandancia General, el coronel PNP Diego Pérez Chávez, el coronel PNP Manuel Mar Pérez, ST2 PNP Judy Ramos Ramírez; el abogado Carlos Nieves Chen; y, el coronel PNP Luis Mejía Rodríguez, de la División de Promoción, Nombramiento, Beneficios, Incentivos y Producción de Planillas.
“En dicha reunión, verificada del 15 al 23 de octubre de 2021, se habría llevado a cabo una exposición por parte de los participantes, en la que sustentaron cómo se desarrollaría el proceso de ascenso por selección, los actores participantes y sus responsabilidades, así como las propuestas de puntaje a ser aplicados por la Junta Selectora que presidía el comandante general de la Policía Nacional, entre estos, lo concerniente al puntaje de la entrevista personal”, refiere la denuncia de la fiscalía.
Sin embargo, Gallardo mostró dos objeciones que iban en la línea de lo que el expresidente Castillo buscaba influir en los ascensos de la PNP: el puntaje propuesto para la entrevista personal debía pasar de treinta puntos a cincuenta puntos y en la entrevista, cada postulante debía exponer un tema que era seleccionado al azahar [de un total de treinta y cinco temas], que sería definido por el Estado Mayor GeneraI.
En la cita se realizaron las modificaciones para incluir los dos puntos mencionados por Gallardo para el proceso de ascensos de la PNP. Luego de ello, el proyecto de directiva se remitió al Estado Mayor General de la institución para que sea aprobado por las instancias correspondientes. Sin embargo, antes trasladó todo lo expuesto con Gallardo a la Dirección de Asesoría Jurídica a fin de que emita una opinión legal, lo cual se llegó a dar el 21 de octubre del 2021 a través del dictamen N.° 2477-2021-COMGEN.PNP-SECEJE/DIRASJUR-DIDJN.
“La DIRASJUR PNP considera que se mantenga el puntaje establecido en el proceso anterior, y que la entrevista resulta ser un indicador meramente subjetivo, dejando en desventaja a indicadores objetivos (formación profesional desempeño en unidad operativa y administrativa) que refuerzan la objetividad de todo proceso”, se menciona. Pese a la acotación, la directiva de Gallardo se aprobó.
Los beneficiados
En medio de la aprobación de la nueva directiva para los ascensos dentro de la PNP, el expresidente Castillo sostuvo con coroneles en la sede del Ejecutivo. En un inicio fueron los siguientes cinco: Enrique Antonio Goycochea Chunga, Roger Pérez Figueroa, Nicasio Zapata Súclupe, Manuel Jesús Rivera López y Jorge Luis Castillo Vargas.
A juicio de la Fiscalía, “en ninguno de los casos habría obedecido a asuntos propios de sus funciones como oficiales de la Policía Nacional del Perú. Por ende, la situación descrita alcanzaría explicación únicamente en el contexto de que se habrían producido estas visitas para concertar acuerdos que permitan el ascenso de estos oficiales al grado de general, en el proceso de ascenso 2021 [Promoción 2022]”.
A dos semanas antes de que acabe el proceso de los ascensos dentro de la PNP, Castillo habría ordenado a Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, a que reciba del suboficial brigadier Jorge Tarrillo, quien era miembro de la escolta presidencial y supuesta persona de confianza, una lista en la que se consignaba seis nombres de coroneles de dicha institución que postulaban a ser generales para que se lo entregará al entonces comandante Javier Gallardo a fin de beneficiarlos durante las entrevistas que sostengan.
Sin embargo, al mencionado grupo de oficiales también se incluyó a los coroneles PNP Rodolfo Villanueva Nole, Eginardo Pérez Chávez, Fredy Aristo Del Carpio León, Max Henry García Esquivel y Edward Rando Espinoza López.
Ningún coronel ascendió por méritos propios, sino por sobornos a Castillo.
“Cada oficial que buscaba ascender al grado de general de la Policía Nacional, habría pagado sumas de entre veinte mil a cuarenta mil dólares americanos, a favor del entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, para obtener su ascenso; dinero que habría sido recaudado por el suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, Jorge Tarrillo Gálvez [miembro de la escolta presidencial y supuesta persona de confianza del jefe de Estado], quien habría desempeñado el rol de “cajero” dentro de la organización criminal, en el marco de los actos de corrupción desplegados por esta en el proceso de ascenso de la Policía Nacional 2021 [promoción 2022], efectivo policial que luego entregaba al mandatario Castillo Terrones el dinero obtenido producto de los hechos ilícitos, lo que se habría producido una semana previa al resultado de los ascensos de la Policía Nacional, esto es, aproximadamente entre el 08 y 14 de noviembre de 2021″, se lee en la tesis fiscal.
Finalmente, los coroneles ascendidos a generales de la PNP fueron colocados en puestos estratégicos para los intereses de Castillo.
El general PNP Nicasio Zapata Súclupe lo mandaron a ser el jefe de la macro región policial de Tumbes, el general PNP Manuel Jesús Rivera López fue puesto como jefe de la macro región policial de Tacna, el general PNP Enrique Antonio Goycochea Chunga en el mismo cargo de los citados en la macro región policial de Ucayali.
El general PNP Jorge Luis Castillo Vargas en la jefatura de la macro región policial del Callao y el general PNP Roger Pérez Figueroa en la Dirección de Inteligencia (Dirin).
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