Milagros Jáuregui (Renovación Popular), una diputada que defiende ideas misóginas, autora de un proyecto de ley que propone modificar el Código Civil para señalar que la vida humana empieza desde la concepción y difusora de desinformación sobre el aborto terapéutico, ha asumido la presidencia de la Comisión de Mujer y Familia para el período 2023-2024.
La congresista ultraconservadora, pastora de la iglesia ‘La Casa del Padre’ y opositora del enfoque de género, reemplazará a Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) para dirigir este grupo parlamentario encargado de impulsar “políticas públicas que aceleran la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y población vulnerable”.
Sin embargo, el ejercicio legislativo y las posturas antiderechos de Jáuregui deslizan una contradicción para su cargo: esta semana, por ejemplo, desestimó un reciente dictamen de Naciones Unidas contra el Estado peruano y rechazó que ‘Mila’, una niña víctima de violación, haya accedido a la interrupción legal de un embarazo que la exponía a riesgo mortal.
“El aborto terapéutico solo permite el sacrificio de un peruano en el vientre, cuando peligra la vida de la madre y el concebido. Este procedimiento, ya reglamentado en nuestro país, solo se permite para poder salvar a la madre, a quien corresponde vivir y recordar a su bebé. Lamentablemente, el sacrificio del hijo de ‘Mila’ vivirá con ella y con todos aquellos que tomaron la decisión de este procedimiento”, desinformó la legisladora, pese a que Human Rights Watch y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han remarcado que el aborto es un derecho y un servicio sanitario.
Sin estudios universitarios ni técnicos, Jáuregui presentó en marzo pasado una iniciativa para modificar el primer artículo del Código Civil, que actualmente establece que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, para que figure que la vida humana comienza en la concepción y, por tanto, es sujeta de derecho desde ese momento.
El Congreso la aprobó al mes siguiente, con 70 votos, en medio del rechazo de parlamentarios, feministas y la Defensoría del Pueblo, que pidieron al Ejecutivo observar la norma. De hecho, en sus descargos, el Gobierno de Dina Boluarte señaló en mayo que se trata de “un retroceso para los derechos de las mujeres” y “una barrera para acceder al aborto terapéutico”, que cuenta con plena validez constitucional. De esa manera, refutó la norma y la devolvió al Parlamento.
La ley incluía seis artículos, el primero de los cuales aborda el reconocimiento al concebido como persona humana sujeta de derechos. También indicaba que el concebido goza de identidad propia, identidad genética única e irrepetible, y una personalidad independiente de la madre.
Los últimos artículos hacían referencia al acceso a la salud de la madre y establecían que, en situaciones de riesgo médico en los que se ponga en peligro la vida de la gestante y el concebido, corresponde a la madre o al cónyuge “decidir respecto a los actos médicos a ejecutarse”.
Anteriormente, Jáuregui planteó eliminar el uso del lenguaje inclusivo en textos escolares, una idea que, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), “constituye un retroceso de los esfuerzos realizados para alcanzar la igualdad de género en el país”.
De igual modo, en una conferencia, señaló que la mujer fue creada únicamente para ser “ayuda idónea de su esposo” y que “dios creó al hombre para que sea el rey, profeta y sacerdote” de la casa. “Ninguna mujer, ninguna sola mujer, tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que dios le dio”, espetó.
La empresaria de la fe no tiene propiedades a su nombre, aunque sí registra una deuda pendiente con EsSalud por S/12.998, pero, sobre todo, una vasta inexperiencia ―fue su primera incursión en la política―, según un informe de Sudaca.
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