El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) invocó este miércoles a la cartera de Defensa incluir a Lucas Pezo Amaringo (43), agresor sexual de ‘Mila’, en el Programa de Recompensas que ve la lista de los más buscados del país.
El portafolio de Nancy Tolentino requirió la medida después de que el Poder Judicial rectificara una decisión inicial que lo dejó en libertad —con comparecencia restringida— y dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra.
Debido a esta orden de arresto tardía, el padrastro de la niña se encuentra con paradero desconocido, denunció el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que participó en la audiencia y respalda legalmente a la víctima.
Inicialmente, la Justicia desestimó el pedido fiscal al considerar que no existían suficientes elementos de convicción, pese a que “‘Mila’ interpuso una denuncia en el 2021 contra su padrastro y en el 2023 presentó una nueva por violencia sexual”; de igual modo, lo ha identificado “plenamente” como el responsable de ultrajarla “sistemáticamente” a lo largo de cuatro años, producto de lo cual quedó embarazada y con una negativa inicial de acceder al aborto legal, expuso Promsex.
“El examen psicológico de la víctima concluye, además, que su relato es consistente y que presenta afectación a su salud mental como consecuencia de la violencia. [Este delito] contra niñas y niños se sanciona con cadena perpetua, lo que es superior al mínimo de cuatro años de cárcel que se exige para que proceda la medida de prisión preventiva”, siguió.
La organización remarcó que, además de la agresión sexual y la negativa médica, la niña “sufrió la revictimización por parte del Estado”, por lo cual ha pedido garantías de no repetición para prevenir futuras violaciones de derechos. El caso levantó una polvareda legal y política cuando, la semana pasada, una junta médica en Loreto le negó el aborto terapéutico, pese a que la gestación la exponía a riesgo mortal.
Días después, en medio de bulos sobre la interrupción legal del embarazo por los sectores ultraconservadores del Congreso, se le permitió este derecho. La presidenta Dina Boluarte había exigido revertir el fallo que dejó en libertad a Lucas Pezo y ordenar su captura inmediata, pero hasta ahora se encuentra no habido.
La Fiscalía ya ha abierto una investigación preliminar por la “tortura” a la que fue expuesta ‘Mila’ y, como parte de las diligencias, dispuso que el Ministerio de Salud y el Hospital Regional de Loreto “remitan toda la documentación respecto del informe médico sobre las evaluaciones efectuadas a la menor, entre otras acciones”.
Según CHS Alternativo, la niña no ha tenido la oportunidad de asistir a la escuela, no sabe leer ni escribir, y además del trauma producto de los abusos reiterados, ha crecido en una familia en la que su madre también ha sido víctima de violencia.
Perú es la única nación de la región que ha acumulado tres sanciones por cortes internacionales tras negar este derecho a menores en riesgo mortal, un caso paradigmático en América Latina, donde el acceso a todavía es desigual, pero que tiene a Argentina y Colombia a la vanguardia.
Para acceder a un aborto terapéutico en el país, el procedimiento debe aprobarlo una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital con especialidades básicas. Sin embargo, esa designación de personal específico representa por sí sola una barrera, como detalló Infobae en un informe.
El titular de la Defensoría del Pueblo, José Gutiérrez, ha admitido que el Estado peruano “jamás” ha “respondido adecuadamente” en garantizar el acceso a este derecho. “Ojalá [el caso de ‘Mila’] fuera un hecho aislado, un solo hecho. Pero no es verdad. Muy a nuestro pesar, debemos reconocer que, como Estado, jamás hemos respondido adecuadamente ante la alta vulnerabilidad de las menores y de los adolescentes”, señaló.
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