Los ministros Leslie Urteaga (Cultura) y Jorge Chávez (Defensa) ocultaron procesos fiscales en las declaraciones juradas que presentaron antes de integrarse a la función ministerial en la administración de Dina Boluarte, según un informe difundido este miércoles por el Centro Liber, un proyecto del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
El portal accedió a un reporte del Ministerio Público que desmiente a los titulares, dos de los más cercanos a la mandataria, y arrojó que acumulan expedientes fiscales por corrupción, estafa, falsificación documentaria y apropiación ilícita.
La norma que regula el nombramiento de ministros y viceministros ordena la presentación de una declaración jurada en la que se consigne los procesos judiciales, investigaciones fiscales y procesos administrativos en los que están o estuvieron implicados en calidad de imputado o cómplice.
Sin embargo, Urteaga y Chávez omitieron esta información, según documentos oficiales. La Fiscalía informó que el titular de Defensa registra tres carpetas en las que figura como imputado, las cuales fueron abiertas en 2004, en 2007 —con archivo definitivo— y uno más, archivado de manera preliminar en 2014.
Por su parte, la jefa del portafolio de Cultura posee una investigación por presunta corrupción en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
El caso se inició en 2021 y se encuentra en etapa de formalización de investigación preparatoria. De hecho, Urteaga generó una ola de rechazo el mes pasado por defender una reunión de su cartera con el grupo extremista ‘La Resistencia’, conocido por acosar a periodistas, activistas y opositores. Después reconsideró su versión y dijo que fue un “error”, pero ni Boluarte ni Otárola marcaron postura frente a la indignación que generó esa visita en una sede gubernamental.
A inicios de año, Chávez fue incluido en la investigación preliminar contra la mandataria por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de las 77 muertes en protestas. La fiscal general, Patricia Benavides, también incluyó en esta pesquisa al premier y a su antecesor, Pedro Angulo; así como a los exministros del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes.
Benavides dijo esta semana que la investigación está en su última etapa y explicó que la institución que dirige ha dado importancia a que los plazos sean céleres para “esclarecer la verdad”.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
En el actual gabinete, liderado por Alberto Otárola, diez ministros enfrentan investigaciones fiscales por diversos delitos, según el informe. Sin embargo, cuando el Centro Liber solicitó información a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) sobre el historial de procesos y sanciones administrativas, la entidad replicó que ninguno contaba con sanciones vigentes.
Vicente Romero (Interior), Carmen Rojas (Educación), Daniel Maurate (Justicia), Nelly Paredes (Desarrollo Agrario), Antonio Valera (Trabajo), César Vásquez (Salud) y el propio premier ya contaban con procesos antes de sus ingresos al cargo, aunque sí consignaron la información en sus declaraciones juradas.
En enero pasado, el Washington Post reseñó que, “ante la insatisfacción, el caos y la violencia, la respuesta ofrecida por el gobierno de Boluarte —y sus aliados de ocasión en el Congreso— ha sido más violencia y un gesto de perplejidad ante la creciente crisis del país”.
“La presidenta y sus allegados no parecen entender que, su inacción política, es ponerse de lado ante los reclamos de una ciudadanía cada vez más decepcionada y a la vez asumir que no puede ofrecer más respuesta que la policial, solo consigue que los extremos ganen adeptos”, siguió una columna en el periódico de mayor circulación de la capital estadounidense.
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