El legislador José Balcázar (Perú Bicentenario), defensor de que las niñas o adolescentes se casen o unan con adultos, preside desde este miércoles la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso para el período 2023-2024.
De esa manera, reemplaza en el cargo a Gladys Echaíz (Renovación Popular), una diputada con quien, en junio pasado, participó en el debate de un proyecto que prohíbe el matrimonio infantil. En esa sesión, realizada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ambos emitieron posturas que normalizaban o avalaban esta problemática que despoja a niñas de su infancia y las expone a violencia, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Balcázar —abogado de profesión, destituido como juez y denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y de libar licor durante la semana de representación— fue el único que se abstuvo en la votación. A lo largo de su intervención, drenó una serie de absurdos para respaldar su postura frente a una práctica que, legal o no, informal o consensuada, representa una de las formas más generalizada de abuso sexual, de explotación y de violencia, principalmente contra las niñas, de acuerdo con la agencia de la ONU.
“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. Con la ley queremos prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí —que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva”, dijo.
“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?”, siguió.
La postura, rechazada de plano por el Ministerio de la Mujer (MIMP) y organizaciones feministas, fue casi calcada a la que había emitido en noviembre de 2022, dos meses después de que Flor Pablo presentara el proyecto para revertir un Decreto Legislativo de 2018, que redujo a 14 años la edad de consentimiento para casarse, y suprimir de la legislación cualquier posibilidad que lo permita. Entonces, la iniciativa recién había entrado a debate, de modo que pasó a cuarto intermedio.
“Las personas de 14 años para arriba son sumamente maduras e inteligentes a estas alturas del siglo XXI. Lo ha demostrado la psicología y criminología: cuando no hay violencia, son relaciones saludables, vitales para el desarrollo psicofísico de las personas. Sugiero que este proyecto vuelva a ser estudiado”, dijo el legislador.
En la misma sesión del año pasado, Echaíz emitió una mirada que distaba de la discusión de fondo y señaló que son prácticas comunes y normalizadas, pese a que empujan a las menores a asumir roles que no les corresponden, como replicó su colega Ruth Luque (Cambio Democrático–JP).
Balcázar, quien ahora despachará en el grupo parlamentario de Eduación con Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) como vicepresidente y Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) en el cargo de secretario, no reconsideró sus expresiones. En sus apariciones mediáticas, ratificó su postura, repudidada por el Colegio de Psicólogos.
De momento, al ser oficializado, ha dicho que su primera medida será impulsar la capacitación docente. “El profesor debe entrar a la revolución tecnológica y ser, por ejemplo, una guía para que el alumno despache y entre a su aula desde su celular”, anticipó. Otras comisiones parlamentarias, como la de Mujer y Familia, han sido tomadas por diputados cuestionados.
Milagros Jáuregui (Renovación Popular), adalid de ideas misóginas, autora de un proyecto de ley que propone modificar el Código Civil para señalar que la vida humana empieza desde la concepción y difusora de desinformación sobre el aborto terapéutico, suplió a Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) en la dirección del grupo encargado de impulsar “políticas públicas que aceleran la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y población vulnerable”.
Jáuregui desestimó un reciente dictamen de Naciones Unidas contra el Estado peruano y rechazó que ‘Mila’, una niña víctima de violación, haya accedido esta semana a la interrupción legal de un embarazo que la exponía a riesgo mortal.
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