En la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides ante el Congreso, a la que Infobae Perú tuvo acceso, se detalla las verdaderas intenciones y movidas que el encarcelado expresidente Pedro Castillo tuvo para influir en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), en lo que constituyó uno de los primeros escándalos de corrupción de su gobierno.
El plan de Castillo Terrones comenzó tras instalarse en el Gobierno el 28 de julio del 2021. Según la tesis del Ministerio Público, la red criminal liderada por el exmandatario tenía bien claro que sus objetivos no iban a concretarse si es que no capturaban las instituciones castrenses tal como pasó con otras entidades del Estado en las que pusieron a personas con cuestionables antecedentes y sin experiencia en el sector público.
“La organización criminal que este presuntamente lideró [Pedro Castillo], habría puesto en marcha su plan criminal, pues inmediatamente instalado en el cargo, habría copado estratégicamente diferentes entidades del Estado, tal como habría ocurrido [en el presente caso] en el Ministerio de Defensa y en la Policía Nacional del Perú [PNP], materializando de esa manera la primera fase de su proyecto delictivo”, señala el documento fiscal.
Con el dominio del Mindef y la PNP, la red criminal de Castillo tenía bien claro dos objetivos: controlar las instituciones a su antojo y sacar algún tipo de beneficio económico durante el transcurso de su gestión hacia el 2026.
“Con miras a obtener el control de los procesos de ascenso, tanto en las Fuerzas Armadas [concretamente en el Ejército y en la Fuerza Aérea del Perú] como en la Policía Nacional, para de esa manera, no solo obtener ganancias económicas ilícitas, sino también tomar el control de dichas instituciones, pues ello les permitiría colocar en puestos estratégicos a oficiales afines a sus intereses ilícitos y así garantizar la permanencia de la organización criminal en el poder”, acota.
Perpetuarse en el poder
La denuncia de la fiscal Benavides también revela que no solo los objetivos de Castillo consistían en que tener el control de las instituciones castrenses y sacar algún beneficio económico, sino también asegurar una permanencia más duradera en el poder.
“El interés que habría tenido la organización criminal de injerir en el proceso de ascenso 2021 del Ejército Peruano, habría estado motivado por el presunto interés de su líder José Pedro Castillo Terrones, de copar dicha institución con oficiales del más alto nivel, que respondan a los intereses ilícitos de la organización criminal [sobre todo de perpetuarse en el poder]”, se menciona.
El punto de partida de esta estrategía se dio con la intención de Castillo Terrones de favorecer a los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama para que sean promovidos por estar vinculados a la red criminal del exmandatario a pesar de que no habrían contado con los requisitos establecidos para hacerlo.
“Por tal motivo, habría sido necesario para los planes de la organización, que los oficiales militares en mención, al igual que otros en proceso de identificación, sean ascendidos al grado inmediato superior”, reza en la tesis fiscal.
“Por tal motivo, habría sido necesario para los planes de la organización, que los oficiales militares en mención, al igual que otros en proceso de identificación, sean ascendidos al grado inmediato superior”, reza en la tesis fiscal.
Venganza
En otra parte de la denuncia constitucional se menciona que el expresidente Castillo se habría molestado porque sintió que José Vizcarra, excomandante general del Ejército, se burló de él al no acatar la orden de ascender a los coroneles Sánchez y Bocanegra.
El colaborador eficaz CE 03 - 2022 — EFICCOP señala que este hecho fue determinante para sacar a Vizcarra del Ejército.
“Porque no había considerado a las personas que él había recomendado, es decir, a las personas que el presidente había indicado al General para que asciendan, como es el caso de los hermanos coronel Ciro Bocanegra creo que su otro apellido Loayza, y Fidel Bocanegra, y al no haber cumplido con la orden y al mes lo pasa al retiro”, mencionó.
“Tengo conocimiento que el Presidente Castillo como consecuencia de la molestia revaluó el trabajo de los comandantes generales y sacó a los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea”, añadió.
El expresidente Castillo es investigado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho activo en el caso de los ascensos irregulares dentro de las FF.AA. y la PNP. El exministro de Defensa, Walter Ayala, también se encuentra incluido en el caso que deberá ser revisado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.