JNE niega responsabilidad en omisión de Alejandro Soto para postular al Congreso: “Estuvo en manos del JEE”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, descartó que recibieron información de esta declaración jurada y las presuntas omisiones

Presidente del JNE habló del caso de Alejandro Soto| Exitosa

La revelación contra el recién elegido presidente del Congreso, Alejandro Soto, originó varias interrogantes al conocerse que habría mentido al declarar que no tenía ninguna deuda por reparación civil. Es así como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, negó todo tipo de responsabilidad de la entidad.

“Estuvo en manos del Jurado Electoral Especial, nunca llegó al Jurado Nacional de Elecciones ninguna controversia de esa particular. [...] Lo único que puedo añadir que nosotros no hemos revisado ese asunto. No lo hemos tomado en cuenta”, declaró a Exitosa.

En este sentido, afirmó que nunca revisaron el caso del titular de la Mesa Directiva. Esto debido a que le pudo haber costado su postulación al Congreso de la República al conocerse que sí tenía una deuda por reparación civil, según el documento que emitió Panorama.

Este oficio llevaba la firma y la huella de Soto donde mencionó que no existía ningún pago pendiente. Sin embargo, luego de conocerse los resultados de la elección fue a realizar el pago del mismo en junio de 2021.

Jorge Salas deslindó responsabilidad del JNE en el caso de Alejandro Soto| Composición Infobae (Andina)

Piden que se investigue en Ética

Ante los presuntos ocultamientos que realizó el congresista de Alianza para el Progreso, algunas figuras políticas rechazaron estos actos y pidieron iniciar una investigación en la Comisión de Ética. El legislador Roberto Sánchez manifestó que el presidente de la Mesa Directiva tendría “las horas contadas”.

“Con esta evidencia de la declaración jurada donde ha mentido, evidentemente las cosas se complican de manera absoluta. Tiene las horas contadas y la cosa se agrava porque va camino a su desaforo y vacancia”, señaló.

Por su parte, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pidió que se investigue al JNE por la supervisión que se tuvieron que realizar ante las elecciones generales. Asimismo, recordó que pudo ser vicepresidente de la República, pero fueron estos filtros que le impidieron.

“Yo creo que no solamente debiera sancionarse al congresista, sino también a los miembros del JNE que tienen una oficina para hacer el filtro de cada una de las denuncias de los candidatos. Si no hubiera filtros sería el vicepresidente de la República”, menciona.

Alejandro Soto ocultó información de reparación civil que le impedía postular al Congreso| Andina (Composición Infobae)

De acuerdo con el citado medio, el entonces candidato realizó el pago luego de conseguir un curul de los 130 cuando debió ser antes. Es decir, según en artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones no pueden postular los que están inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci).

A disposición de la Comisión de Ética

A través de una misiva, Alejandro Soto refirió que siempre se hizo cargo de sus “responsabilidades” y que el pago de esta deuda se realiza a los pocos días de ser notificada. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco le informa sobre el importe de S/10 mil el 26 de mayo de 2021 y asegura que pagó el 7 de junio del mismo año.

“Rechazo categóricamente toda información falsa que busque socavar mi integridad. Anuncio que responderé a las falsas denuncias en mi contra de manera voluntaria ante la Comisión de Ética Parlamentaria”, se lee.

Por otro lado, aclaró que la deuda se debe a una reserva de fallo condenatorio, pero no a una sentencia. Nuevamente, reafirmó que durante el 2020 no figuraba ningún monto pendiente.

Cabe precisar que la declaración jurada fue recibida por el Jurado Electoral Especial de Cusco y luego contó con la información de que sí había deuda y que se tenía que pagar en un plazo de diez días.

El abogado penalista, Carlos Caro, también precisó que al hallarlo culpable podría recibir hasta cuatro años de prisión efectiva por el presunto “delito de falsa declaración y procedimiento administrativo”.

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