Procuraduría y deudos de víctimas en protestas podrán interrogar a Dina Boluarte y Alberto Otárola

La Fiscalía de la Nación desistió del recurso de apelación contra la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que declaró fundada en parte la tutela de derechos que formuló la Procuraduría General del Estado para participar en los interrogatorios a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola por las muertes en protestas.

El desistimiento fue presentado el último lunes por el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, y sustentado este martes por la fiscal adjunta Silvia Sack Ramos en la audiencia pública.

En la audiencia, Sack indicó que, en un inicio, se interpretó que las únicas partes autorizadas a intervenir en las declaraciones indagatorias en sede fiscal era el representante del Ministerio Público; sin embargo, señala, tuvo que haber prevalecido los derechos de la parte agraviada “cuando no existe una prohibición expresa durante su participación en las diligencias en la etapa preparatoria”.

“El proceso penal garantiza el ejercicio de hechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad debe estar obligada a velar por su protección y a brindarle un trato conforme a su condición”, explicó la representante del Ministerio Público.

Ante ello, el juez supremo César San Martín, presidente de la Sala Suprema Penal Permanente, adelantó que la ejecutoria suprema que emitirá el colegiado que lidera se refirirá únicamente a cuestiones de forma, es decir, aceptarán el recurso de desestimiento y la resolución de primera instancia quedará firme al no existir una impugnación.

“No vamos a ir al fondo del asunto en atención al desistimiento y lo que acá se decida no va a significar bajo ningún concepto alguna afiliación a una u otra posición”, remarcó San Martín Castro.

Los representantes de la Procuraduría General del Estado se mostraron conforme con el desistimiento de la Fiscalía.

En la diligencia del 6 de junio, la presidenta Dina Boluarte se acogió a su derecho al silencio cuando era turno de que la Procuraduría y los abogados de los deudos de las víctimas en las protestas. La mandataria únicamente respondió las consultas del fiscal Marco Huamán.

De esta manera, Boluarte contradijo al premier Alberto Otárola, quien en reiteradas ocasiones aseguró que la mandataria respondería todas las interrogantes

“Va a responder todas y cada una de las preguntas que se le formulen porque es interés del gobierno y, especialmente, de la presidenta Boluarte que los hechos se esclarezcan”, dijo Otárola.

Según se pudo conocer, Boluarte se acogió al derecho al silencio debido a que, en esas fechas, la Sala Penal Permanente aún no resolvía la apelación de la Fiscalía contra la resolución del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria en la que autoriza la participación de la Procuraduría y los abogados de las víctimas en la investigación y los interrogatorios.

Ahora, la presidenta no tiene alguna justificación formal para ignorar las preguntas de la Procuraduría y de las defensas de los deudos. Sin embargo, aún puede optar por guardar silencio al tratarse de un derecho constitucional.