La Conferencia Episcopal Peruana esbozó este lunes una defensa al embarazo por violación al rechazar el aborto terapéutico practicado a ‘Mila’, una niña víctima de violación a quien inicialmente una junta médica le negó este derecho en Loreto.
En un comunicado que desestima el más reciente dictamen de Naciones Unidas, los representantes de la Iglesia peruana señalaron que el aborto de la menor, ultrajada por su padrastro, es un acto de “injusticia”.
“Frente a este acto de vulneración del derecho a la vida del ‘nasciturus’ (el que nacerá), levantamos nuestra voz de rechazo ante este hecho injusto e indolente. Puesto que la vida es sagrada”, señaló la misiva, pese a que el Comité del Niño de la ONU ha exigido al Perú despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil y garantizar un acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para niñas gestantes.
Los obispos subrayaron que en este caso “se ha condenado a muerte a un inocente, se ha expuesto a un daño mayor a la víctima y se ha liberado al delincuente”, sin reparar que el procedimiento ―legal desde 1924— era el único medio para preservar la vida de la menor.
“No se puede justificar un mal, en este caso, un aborto directo, para obtener supuestamente el bienestar de otra persona”, anotaron al cuestionar que se incluya, como causal de la interrupción voluntaria del embarazo, la presunta afectación de la salud mental de la gestante.
También indicaron que es un “hecho inédito”, aunque en la última década 68 niñas fueron forzadas a ser madres y, según cifras oficiales, cada dos horas una menor es víctima de abuso sexual en el país ―más del 70% de estas agresiones ocurren en el entorno familiar.
Frente al mensaje de oposición a la interrupción del embarazo por violación, el comunicado de la Conferencia Episcopal contuvo solo una línea contra el agresor, Lucas Pezo, quien se encuentra en libertad, bajo el régimen de comparecencia restringida, después de que el Poder Judicial desestimara el pedido de la Fiscalía al considerar que no existían suficientes elementos de convicción para dictar la medida cautelar.
“Hacemos un llamado a las autoridades y a los trabajadores de la salud a reflexionar sobre este doloroso evento, para que el país no abra las puertas a la cultura de la muerte; y que la pequeña sea cautelada adecuadamente, se le ayude a sanar las heridas de la violación, no sea sometida a un aborto y que se persiga con todo el peso de la ley al violador y se eviten nuevos abusos”, se lee en uno de los últimos párrafos del pronunciamiento.
Perú es la única nación de la región que ha acumulado tres sanciones por cortes internacionales tras negar este derecho a menores en riesgo mortal, un caso paradigmático en América Latina, donde el acceso a todavía es desigual, pero que tiene a Argentina y Colombia a la vanguardia.
Para acceder a un aborto terapéutico en el país, el procedimiento debe aprobarlo una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital con especialidades básicas. Sin embargo, esa designación de personal específico representa por sí sola una barrera, como detalló Infobae Perú en un informe.
Con 17 semanas de gestación fruto de una violación de su padrastro, Mila acudió a un hospital de Loreto, pero la junta médica que inicialmente no le permitió abortar. Tras la denuncia de organismos de Naciones Unidas y organizaciones feministas, fue trasladada al Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP), donde se le permitió la interrupción voluntaria por indicación terapéutica.
Save the Children consideró que esa primera decisión fue “contraria a los estándares fijados por el Comité de los Derechos del Niño”. CHS Alternativo, en tanto, informó que ‘Mila’ no ha tenido la oportunidad de asistir a la escuela, no sabe leer ni escribir, y además del trauma producto de los abusos reiterados, ha crecido en una familia en la que su madre también ha sido víctima de violencia.
Previamente, el titular de la Defensoría del Pueblo, José Gutiérrez, había admitido que el Estado peruano “jamás” ha “respondido adecuadamente” en garantizar el acceso al aborto legal.
“Ojalá [el caso de ‘Mila’] fuera un hecho aislado, un solo hecho. Pero no es verdad. Muy a nuestro pesar, debemos reconocer que, como Estado, jamás hemos respondido adecuadamente ante la alta vulnerabilidad de las menores y de los adolescentes”, señaló en Exitosa, una postura que cuestiona lo vertido por la Iglesia.
Gutiérrez recordó que el artículo 119 del Código Penal señala que “no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”.
“Está claro. [...] Eso debió haberse hecho en Loreto y probablemente [la niña] no hubiera sido revictimizada. No voy a mentir. Estos actos son muy recurrentes: embarazos y violaciones de niños y niñas, expuestas sobre los mismos familiares, en maestros, en las comunidades, en los pueblos originarios. Es increíble y no hacemos nada. Suplico que el Estado no sea ajeno”, continuó.
Más Noticias
Janick Maceta le dedica emotivo mensaje a Tatiana Calmell y usuarios las comparan con impotencia: “Se repite la historia”
Plan chino de control absoluto en el Pacífico ahora pone la mira en Arequipa: empresas están interesadas en el puerto Corío
Gestión de Rafael López Aliaga es denunciada por Rutas de Lima por incumplir obra en peaje Chillón y provocar su crisis financiera
Lluvias y descargas eléctricas ocurrirán desde mañana en 9 regiones del Perú, pronostica el Senamhi
Día de la Salchipapa: la comida rápida peruana que conquista a todos está de fiesta hoy
