Alejandro Soto anuncia conferencia de prensa: estos son los cuestionamientos que debe aclarar

No tiene ni un mes en el cargo, pero ya es protagonista de múltiples críticas que ponen en duda su idoneidad como máximo representante del Poder Legislativo. Frente a ello, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso anunció que Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) responderá a los cuestionamientos el próximo lunes 28 de agosto a las 10 horas.

Si bien ha negado todas las denuncias en su contra, e incluso ha publicado certificados que confirman que no cuenta con antecedentes judiciales y policiales, también existen pruebas que contradicen su versión, por lo que se espera que sea más claro respecto a los diferentes casos que ya son de conocimiento público.

¿Cuáles son los cuestionamientos de Alejandro Soto?

El primer cuestionamiento en contra del flamante titular del Congreso lo destapó el portal El Foco, el cual develó que cuenta con 55 investigaciones abiertas en el Ministerio Público por los presuntos delitos de falsificación documentaria, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, falsedad genérica, falsedad ideológica y corrupción de funcionarios públicos, entre otros.

Una de las carpetas que más críticas ha generado es la relacionada con la empresa de transportes Waynapicchu S.A., la cual lo denunció por los presuntos delitos de estafa y apropiación ilícita común, relacionados con el servicio de redacción de un estatuto que no cumplió y la compraventa de un terreno sobrevalorado y sobredimensionado. Con el fin de librarse de una eventual condena de ocho años y ocho meses de prisión, su defensa legal invocó una ley aprobada y respaldada por Soto en el Congreso, a fin de prescribir la demanda.

Aunque negó que dicha norma lo beneficiara directamente, existen registros escritos y audiovisuales de su abogado Walter Pimentel Peralta. Una semana antes de que se instale el juicio oral, su defensa legal remitió un escrito al juez Carlos Román a fin de que aplique la Ley 31751 y se archive el caso.

Asimismo, en la audiencia del último 21 de julio, su representante hizo el mismo llamado: “En este acto, señor magistrado, me permito solicitar a su despacho se declare la extinción de la acción penal a favor de mi patrocinado por prescripción, sobre todo, invocando lo establecido por la Ley 31751, que se aplique de manera retroactiva a favor de mi patrocinado, ley que está vigente”, tal como reveló el dominical Cuarto Poder.

Pese a que ante los medios de comunicación aseguró que el caso ya había sido declarado prescrito en el 2019, no mencionó que una sala de apelaciones anuló dicha sentencia, por lo que continuaba siendo investigado. La empresa perjudicada formalizó en estos días la solicitud de un pago de reparación civil por 300 mil soles.

No fue el único caso en el que se le acusa de cometer conflicto de interés. Desde su posición como presidente de la Comisión de Transportes, el parlamentario solicitó información relacionada a la ampliación del permiso de operaciones brindado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a PeruRail, pese a que fue asesor legal y prestó servicios de publicidad por nueve años a la compañía.

De acuerdo a su declaración jurada, el legislador también prestó los mismos servicios a Perú Belmond Hotels S.A. y Consettur Machupicchi S.A.C. hasta un mes antes de ocupar el cargo de congresista. Si bien tenía la opción de inhibirse o renunciar a la presidencia, Soto optó por ser bastante activo e incluso jactarse de conseguir que el entonces titular de la cartera, Juan Silva, acuda a responder sobre el tema.

“A pedido mío, a pedido personal de Alejandro Soto, el señor ministro ha concurrido a esta sala para informar de la conformación de una comisión investigadora de alto nivel con relación al permiso de operaciones de PeruRail”, menciona él mismo en un video publicado en Facebook.

Asimismo, de acuerdo a un informe de Panorama, el actual titular del Congreso estaba imposibilitado de postular al cargo debido a que mantenía una deuda por una reparación civil por el delito de difamación agravada. 10 días después de asumir el cargo de parlamentario, saldó el monto que debía.

Por último, también se le cuestiona la contratación de su cuñada, Yeshira Peralta, como coordinadora de su despacho desde agosto del 2021. La versión del legislador es que no existe impedimento, ya que no se encuentra casado con la madre de su menor hijo.