Una tortura normalizada: ‘L.C’., ‘Camila’ y ‘Mila’, los nombres de la maternidad forzada en niñas y adolescentes en Perú

A sus cortos 13 años, ‘L.C.’ trabajaba con su madre recogiendo cartones para reciclar. Ambas vivían en Ventanilla. La menor tenía una gran madurez para enfrentar la responsabilidad del hogar junto con su mamá, pero llevaba consigo un gran pesar que no había dicho antes: desde los nueve o diez años era víctima de abuso sexual por parte de su vecino. El sujeto le daba S/ 1 a la niña cada vez que la violentaba y la amenazaba con asesinarla si decía algo sobre esto. La víctima no pudo resistir el daño que le generaban estos abusos y decidió aventarse del techo de su casa en marzo de 2007.

Los familiares de la menor la encontraron en el suelo y llamaron a los bomberos, quienes la trasladaron de inmediato a una posta médica del distrito chalaco. Sin embargo, el estado de ‘L.C.’ era grave, así que tuvieron que llevarla al Hospital Daniel Alcides Carrión. La niña quedó con graves secuelas. Fue diagnosticada con traumatismo vertebro medular cervical y luxación vertical en las vértebras, además de síndrome ansioso depresivo.

Debido a la gravedad de la lesión cervical, tuvo que ser operada de emergencia, pero el procedimiento no tuvo completarse porque identificaron que se encontraba gestando. La madre pidió que se le aplique el aborto terapéutico, pero los médicos rechazaron la solicitud porque consideron que la vida de la víctima no estaba en riesgo. Su familiar apeló la decisión, pero la volvieron a rechazar.

‘L.C.’ tuvo un aborto espontáneo el 27 de junio, por lo que los médicos decidieron hacerle la operación que tanto necesitaba, pero fue demasiado tarde. La vida de la niña había quedado marcada para siempre: tuvo una cuadraplejía espástica y no volvió a caminar más.

‘Camila’ tuvo que pasar por una situación similar. La niña creció en Abancay. Tenía la misma edad de ‘L.C.’ cuando quedó embarazada producto de un abuso sexual de su padre. Según confesó, era víctima de estas violaciones desde que tenía nueve años. Su madre, una mujer discapacitada y quechuahablante, se encargó de poner la denuncia y solicitar la interrupción del embarazo. El Hospital Regional de Abancay ni siquiera respondió a esta petición. Tampoco le informaron que podía acceder a este procedimiento médico.

El cuerpo de la menor aún no estaba preparado para enfrentar un embarazo, por lo que su propio organismo le ocasionó un aborto espontáneo. Una enfermera, que presuntamente sabía que la menor había pedido que se le aplique el aborto espontáneo, fue a buscarla a su domicilio junto a un policía, sin importar qué imagen daría esto de la niña. La especialista en salud la obligó a continuar con sus controles, y, cuando se enteró de que había tenido una pérdida, la denunció.

‘Camila’ fue declarada culpable en primera instancia por el presunto delito de autoaborto. Mientras el proceso de criminalizar a la niña de 13 años avanzaba a pasos agigantados, la investigación al acusado de abuso sexual apenas iniciaba. Es decir, primero salió la condena de la víctima y, después de algunos años, la del agresor.

Ambos casos fueron trasladados a instancias internacionales, llegando distintos comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quienes fallaron a favor de las menores y condenaron a Perú por haber vulnerado sus derechos al negarles el aborto terapéutico, pese a que estaban expuestas a la muerte materna como resultado de una violación sexual.

Para la ONU, el Estado peruano revictimizó, criminalizó y discriminó a ‘Camila’. “Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto, según el Comité de la ONU”, enfatizó el organismo internacional mediante un comunicado.

Esta sentencia salió a mediados del mes de junio. Unas semanas después, a inicios de julio, el área de Medicina Legal identificó que ‘Mila’, de 11 años, tenía 13 semanas de gestación. La niña era víctima de violencia sexual desde que tenía seis años de parte de su padrastro.

Pese a que sabían que esto era considerado un abuso sexual, una junta médica del Hospital Regional de Loreto, sin tomar en cuenta lo sucedido con ‘Camila’, le negaron el aborto terapéutico. Un nuevo caso de vulneración de derechos a niñas llegaba, otra vez, a instancias internacionales. Naciones Unidas se pronunció a través de sus plataformas oficiales para expresar su preocupación por el caso de ‘Mila’ pocas semanas después de que se dé la condena al Estado peruano y una serie de recomendaciones que seguir para garantizar el derecho a la salud de sus infancias.

‘Mila’, su madre y su hermana menor son las presuntas víctimas de Lucas Pezo Amaringo (41), quien habría amenazado a su pareja para que no denuncie estos actos de violencia y que actualmente se encuentra en libertad gracias al juez Bernuel Espíritu Portocarrero, quien rechazó la solicitud de prisión preventiva contra el acusado.

La gestación es un largo y difícil proceso para los organismos de las mujeres, quienes enfrentan una serie de cambios físicos y emocionales a lo largo de los nueve meses. Por este motivo, los cuerpos de las niñas no están preparados para sacar adelante un embarazo. Forzar a una niña a tolerar los efectos de una gestación la expone a la muerte y a una serie de problemas médicos, además de perjudicar su proyecto de vida y su salud mental.

Para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, forzar a una menor a continuar con un embarazo es equivalente a un acto de tortura o crueldad. Sin embargo, la realidad del embarazo infantil en Perú es otra, y muy dolorosa.

De acuerdo a cifras oficiales del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud (Minsa), 68 niñas de 10 años de edad fueron obligadas a continuar con un embarazo, aunque este fue producto de una violación sexual. Esta cifra representa apenas las niñas que dieron a luz a un niño vivo, porque también hay un subregistro de menores obligadas a gestar que dieron a luz un infante sin vida.

Un ejemplo de ello es el Juana*, de 10 años de edad, quien a finales de febrero de este año fue trasladada al hospital Santa Rosa, en Piura, para que le practiquen una cesárea. Luego de que se le practicara la intervención quirúrgica, el bebé falleció.

Aunque el aborto terapéutico es legal en Perú hace casi 100 años, los médicos no lo practican, así la vida de la gestante sea niña, esté en riesgo y el embarazo sea producto de un abuso sexual. De acuerdo al Colegio Médico, esto es consecuencia de una falta de sensibilización del Ministerio de Salud sobre el tema.

“No solamente no es un embarazo no deseado, sino que es un embarazo forzado por las circunstancias de su concepción, a través de violencia sexual. También es forzado porque las instituciones que tendrían que resolver el problema a esta víctima, tampoco lo hacen. Entonces, es doblemente forzado. Tenemos que atender esto, pero, no existe en nuestro país, y eso es una tarea pendiente por resolver, el aborto por violación, como sí lo hay en otros paises”, manifestó para Infobae Perú.

El hogar debería ser el lugar seguro para todos, pero para las mujeres no es así. En términos generales, la gran mayoría de veces, los hechos de violencia física son perpetrados en los domicilios de las víctimas. Y el caso del embarazo infantil no es la excepción. El 25% de los agresores sexuales de las menores de edad son sus padrastros, mientras que el 19% son sus propios padres, según Unicef.

Para Teresina Muñoz-Najar, autora del libro Vidas vulneradas: embarazo infantil y adolescente en el Perú, esta problemática representa un círculo de violencia que inicia en casa.

Según informó, las menores gestantes no suelen recibir información sobre el acceso al aborto terapéutico, pese a que es parte de su derecho. Por ello, la investigadora de la PUCP manifestó que todas las niñas y adolescentes que tengan un embarazo deben ser sometidas al aborto terapéutico, pues este, por su edad, las expone a la muerte.

“Hay indolencia e indefensión de estas niñas frente al Estado, quien es responsable de ellas, pero ante un abuso no pasa nada. No las protegen. Escuchamos hablar a nuestras autoridades o a nuestra élite política, que deciden las leyes, afirmar barbaridades sobre el embarazo infantil. Estas niñas están desprotegidas”, señaló.

Recientemente se debatió en el Congreso de la República la eliminación del matrimonio infantil y el parlamentario José Balcazar se opuso, pues aseguró que las relaciones sexuales en menores de edad contribuye a su desarrollo psicológico. Además, se mostró a favor de que una niña de 14 años mantenga relaciones coitales con un hombre mucho mayor que ella, pues consideró que las niñas son lo suficientemente maduras para decidir sobre esto.

Muñoz Najar se refirió a las leyes promulgadas por el Poder Legislativo en contra de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, y afirmó que el corte “conservador” de la representación nacional es uno de los obstáculos para conseguir la educación sexual, que podría contribuir con la erradicación de la violencia y ayudaría a prevenir estos actos.

“Le echaron la cruz a lo único que previene el embarazo adolescente, la violencia sexual, y todos estos casos horribles que vemos cada día: la educación sexual integral. Aquello que les enseña a los niños que nadie puede tocarlos. Pero no quieren que esto se enseñe. Dicen que los padres son los que tienen que enseñarles sobre esto. Primero, los padres de familia no son expertos. Segundo, en Perú los hogares no están conformados por papá, mamá y la familia perfecta. Más del 50% de las familias son hogares de una sola mujer que cuida a los niños, y que tiene que ir a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y encuentra a los niños por aquí o por allá”, detalló.

“No solo es el embarazo adolescente, hay un montón de problemas relacionados con la crianza que nos están agobiando, como la trata de personas, las desapariciones, la prostitución infantil, los niños se escapan de sus hogares violentos y se van. Es un círculo al que no le ponemos atención”, complementó.

*Se usan sobrenombres para proteger la identidad de la menor.