Jorge Morante asumirá presidencia de la Comisión de Producción: quién es y cuáles son sus cuestionamientos

La presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció a través de sus redes sociales la selección del legislador Jorge Morante como presidente de la Comisión de Producción, la cual pasó a sus manos tras la renuncia de ocho parlamentarios en Acción Popular.

Como se recuerda, ante el gran número de bajas al interior de la bancada acciopopulista, la agrupación de la lampa perdió dos grupos de trabajo: Ciencia y Producción. Mientras la primera fue derivada a Podemos, la otra la obtuvo el partido naranja.

“En sesión de bancada de hoy, se eligió al congresista Jorge Morante para que represente a Fuerza Popular en la presidencia de la Comisión de Producción del Congreso. […] Estamos seguros que se hará un excelente trabajo en beneficio del pueblo peruano”, escribió la hija del expresidente Alberto Fujimori.

Jorge Morante es abogado por la Universidad Nacional de Lima y ocupa el cargo de congresista por primera vez. Durante las elecciones, fue el número uno de la lista en representación del distrito electoral de Loreto. Anteriormente, ha sido asesor externo y director ejecutivo del Organismo público de Infraestructura Público (Opip), asesor del Poder Legislativo durante el 2016 al 2019 y asesor del exgobernador de Loreto, Robinson Rivadeneyra, condenado a seis años de prisión por colusión.

El fujimorista integró, entre el 2021 al 2023, las comisiones de Ética Parlamentaria; Trabajo y Seguridad Social; Relaciones Exteriores, Energía y Minas; Economía; Defensa del Consumidor; Constitución, y Justicia y Derechos Humanos.

Sin embargo, como la mayoría de legisladores del país, tiene cuestionamientos en su sombra. Según Perú Press, Morante es investigado por colusión y negociación incompatible por su gestión como director del Organismo Público de Infraestructura para la Productividad (OPIP) del gobierno regional de Loreto, donde habría actuado a favor de la empresa China International Water & Electric Corp. El presupuesto inicial de la obra fue S/ 472 millones, pero, terminó con un costo de S/ 737 millones.

Dicho caso se repitió en el año 2017, cuando Morante se presentó como abogado de Juan Carlos del Águila por una obra de Odebrecht. Si bien el monto inicial establecido era S/ 112 millones, culminó pagándose S/ 121 millones.

Otra de las críticas que se sumaron a su legado fue la contratación de aportantes de campaña en su despacho, de acuerdo a Ojo Público. “El asesor principal, José Augusto Cabanillas Chávez, aportó 5 mil a la campaña de Morante Figari. El contador Manuel Andrés Noriega Tello, asesor II del congresista, aportó la misma cantidad”, menciona el informe.

Asimismo, se le cuestionó proyecto de ley que presentó contra los pueblos en aislamiento, el cual representaba un riesgo para las siete reservas indígenas y territoriales existentes, y para las cinco que están en fase de solicitud. En el primer grupo se encuentran las reservas territoriales Kugapakori, Nahua, Nanti y otros; Madre de Dios; Mashco Piro; Isconahua; Murunahua; Kakataibo Norte y Sur, y Yavarí-Tapiche. Mientras que las reservas en etapa de solicitud son Napo, Tigre y afluentes; Pupuña; Atacuari; Yavarí Mirim, y Kapanawa.

Al respecto, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) que agrupa y representa a 33 federaciones, emitió un comunicado rechazando la iniciativa legislativa y denunciando “que se busca suspender indefinidamente tanto los estudios de reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial (PIACI) en territorios de la Amazonía peruana que estén en curso, como la aprobación de los procedimientos de categorización o creación de Reservas Indígenas donde habiten los PIACI por parte de la Comisión Multisectorial del Ministerio de Cultura”.

“Debe quedar muy en claro que estos empresarios, lobistas, y cuestionados políticos de la región Loreto no responden a una auténtica voluntad de promover el desarrollo de los pueblos amazónicos, sino que obedece a intereses particulares de grupos económicos que buscan seguir depredando los bosques y los recursos naturales sin respetar los derechos humanos de los habitantes de la Amazonía y los territorios de los pueblos indígenas u originarios”, acotaron.