La legisladora Digna Calle (Podemos Perú), denunciada por abandono de cargo y abuso de autoridad, marcó asistencia en la sesión plenaria de este lunes, pese a que la Mesa Directiva del Congreso rechazó su solicitud para ampliar su licencia por 60 días, una decisión que fue ratificada por el Consejo Directivo.
“Presente, señor presidente”, se le escuchó decir de manera remota, poco antes de que el titular del Parlamento, Alejandro Soto, expusiera el total de asistentes.
El retorno de Calle, quien ocupó la segunda vicepresidencia del Legislativo hasta su renuncia, está previsto para la primera semana de septiembre, según José Luna Gálvez, diputado de su bancada. Por ahora, vive en una lujosa residencia en Florida, desde donde despacha virtualmente.
De acuerdo con un informe de Cuarto Poder, la parlamentaria se encuentra en el país norteamericano desde enero pasado, aunque sus hijos mayores salieron en diciembre del 2022, once días después del fallido autogolpe orquestado por el recluido expresidente Pedro Castillo. Su esposo, Aron Espinoza, viaja constantemente a esa nación.
Pese a su ausencia en la elección de la Mesa Directiva a fines de julio, Calle fue elegida como vocera alterna por su tienda. “No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna denuncia y tampoco recibo un trato diferenciado. Cumplo con mis labores utilizando los mecanismos que el Congreso le permite a los 130 congresistas”, esgrimió en un comunicado difundido en sus redes sociales.
De igual modo, refirió que asiste y vota de manera virtual en los plenos y las comisiones parlamentarias “como la mayoría de congresistas”. Sin embargo, en lo que va del 2023 solo ha asistido a una de las cinco semanas de representación programadas, según el calendario de actividades parlamentarias.
A inicios de agosto, la exministra Kelly Portalatino (Perú Libre) la denunció constitucionalmente por dejar el cargo e infringir la Constitución, y solicitó una inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años.
Paralelamente, la actual vicepresidenta tercera del Parlamento, Roselli Amuruz (Avanza País), entabló otra acusación constitucional por infringir el artículo 92 de la Carta Magna, que recoge que “la función de congresista es de tiempo completo”, por lo que “le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso”.
El documento fue dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, organismo que debe tomar la decisión de “admitirla a trámite, calificarla conforme a su naturaleza y en su oportunidad, sustanciarla” para que, tras un periplo parlamentario, llegue al pleno para una decisión final.
Calle dimitió a la segunda vicepresidenta del Legislativo en febrero pasado, cuando quedó bloqueado el adelanto electoral. “Renuncio con la esperanza de que [...] se constituya una fórmula realmente democrática y representativa. Desde el centro democrático creemos que una nueva mesa directiva pueda ser la puerta para que la presidenta Dina Boluarte renuncie y convoque a elecciones generales para el 2023″, dijo en un clip difundido en redes.
También mencionó que el país “no aguanta más” y que ni la mandataria ni los parlamentarios “quieren hacerse responsables de la crisis que afronta”.
“Hemos dedicado cuatro sesiones, once votaciones y 20 horas de debate sin llegar a los consensos necesarios. Las fórmulas van y vienen, pero las excusas se imponen a la hora de la votación”, siguió en relación con los cuatro proyectos de ley votados y rechazados por el Legislativo sobre uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales.
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