El titular de la Defensoría del Pueblo, José Gutiérrez, remarcó este lunes que el Estado peruano “jamás” ha “respondido adecuadamente” en garantizar el acceso al aborto terapéutico, un procedimiento legal en el país desde 1924, y la única vía para preservar la vida de Mila, la niña embarazada por violación a la que inicialmente se le negó este derecho.
“Ojalá fuera un hecho aislado, un solo hecho. Pero no es verdad. Muy a nuestro pesar, debemos reconocer que, como Estado, jamás hemos respondido adecuadamente ante la alta vulnerabilidad de las menores de edad y de los adolescentes”, señaló en una entrevista con Exitosa.
Gutiérrez recordó que el artículo 119 del Código Penal señala que “no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”.
“Está claro. [...] Eso debió haberse hecho en Loreto y probablemente [la niña] no hubiera sido revictimizada. No voy a mentir. Estos actos son muy recurrentes: embarazos y violaciones de niños y niñas, expuestas sobre los mismos familiares, en maestros, en las comunidades, en los pueblos originarios. Es increíble y no hacemos nada. Suplico que el Estado no sea ajeno”, continuó.
Perú es el único país de la región que ha acumulado tres sanciones por cortes internacionales tras negar este derecho a menores en riesgo mortal, un caso paradigmático en América Latina, donde el acceso a todavía es desigual, pero que tiene a Argentina y Colombia a la vanguardia.
Aunque suena paradójico, la regulación representa un obstáculo para quienes solicitan el servicio sanitario, según un estudio elaborado por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), que analizó y comparó leyes y protocolos de 16 países de la región, incluido Perú, para identificar si se ajustan a los estándares sobre aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Agustina Ramón, coordinadora de la red jurídica de CLACAI, señaló que la “letra chica” en la regulación peruana está llena de requisitos innecesarios que contravienen lo propuesto por la OMS o atropellan derechos de manera directa como ocurrió con KL, L.C y Camila.
Para acceder a un aborto terapéutico en el país, por ejemplo, el procedimiento debe aprobarlo una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital con especialidades básicas. Sin embargo, esa designación de personal específico representa por sí sola una barrera, como detalló Infobae Perú en un informe.
“Hace más de una década que los organismos de rectoría sanitaria recomiendan no restringir la ejecución de abortos a personal de salud de alguna especialidad particular. Sin embargo, en Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay la práctica sigue restringida a un grupo particular de especialistas, generalmente de ginecología, pero en algunos casos también de cirugía u otras especialidades”, expuso el documento.
Con 17 semanas de gestación fruto de una violación de su padrastro, Mila acudió a un hospital de Loreto, pero la junta médica que la atendió le negó el aborto. Tras la denuncia de organismos de Naciones Unidas y organizaciones feministas, fue trasladada al Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP), donde se le permitió la interrupción voluntaria por indicación terapéutica.
Save the Children consideró que esa primera decisión fue “contraria a los estándares fijados por el Comité de los Derechos del Niño”. CHS Alternativo, en tanto, informó que Mila no ha tenido la oportunidad de asistir a la escuela, no sabe leer ni escribir, y además del trauma producto de los abusos reiterados, ha crecido en una familia en la que su madre también ha sido víctima de violencia.
A la fecha, Lucas Pezo, su agresor, se encuentra en libertad, bajo el régimen de comparecencia restringida, después de que el Poder Judicial desestimara el pedido de la Fiscalía al considerar que no existían suficientes elementos de convicción para dictar la medida cautelar.
“¿Qué más pruebas puede pedir necesita el Poder Judicial para actuar? Ya la Fiscalía actuó y pidió su detención. No sé por qué lo han dejado en libertad. Tienen que ser más firmes cuando tengan que tomar las decisiones”, insistió la presidenta Dina Boluarte al pedir su captura inmediata.
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