El reciente presidente del Congreso, Alejandro Soto, continúa bajo la lupa luego de difundirse que no brindó información exacta al Jurado Electoral Especial de Cusco. El parlamentario de Alianza para el Progreso afirmó que no tenía deuda de reparación civil bajo una declaración jurada, pero un documento demuestra lo contrario, según reveló Panorama.
El documento tiene su firma y su huella del nuevo titular de la Mesa Directiva que fue emitido el 26 de octubre de 2020. Sin embargo, de acuerdo con el oficio que accedió el citado medio, Soto sí tenía una deuda de S/10 mil que la justicia lo obligaba a cancelar desde el 2016 -hace cuatro años-, pero que ocultó.
“Declaro bajo juramento no tener deuda total o parcial por concepto de reparación civil a favor de personas y del Estado establecido en sentencias con calidad de cosa juzgada formulo esta declaración en razón de que tener deudas constituyente un impedimento para acceder al ejercicio de la función pública que procede de elección popular”, se lee.
De esta manera, podría postular para ocupar un curul en el Parlamento según los datos que brindó al ente electoral, a pesar de que no fueron precisos. En el 2021, Soto fue elegido como uno de los 130 congresistas.
El 1 de junio del 2021, el Jurado Electoral Especial de Cusco recibió un informe que acreditaba que el electo legislador sí tenía pendiente esta deuda. “Téngase subsistente el pago de la reparación civil fijada en la sentencia. Quérase al sentenciado […] que en el plazo de diez días hábiles cumpla con el pago total de la reparación civil fijada”, se mencionó.
Es así como el ahora presidente del Congreso pagó este importe en junio del 2021 cuando en el 2020 afirmó que no tenía ninguna deuda por reparación civil. De esta manera, se comprobaría que el parlamentario “mintió”. Esto debido a que lo pudo dejar fuera de las elecciones.
¿Por qué tuvo que pagar una reparación civil?
En agosto de 2011, se reportaba un confuso accidente entre los efectivos policiales y barristas que terminó con la vida de un joven. En ese año, el ahora congresista ya era conductor de un programa en Cusco, es ahí que responsabilizó al entonces comisario de esta región sobre la muerte de esta persona.
Se trata del comandante PNP Nilo Chávez Luna, quien decidió denunciarlo por difamación. Después de dos años, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco, en segunda instancia, resolvió que el ahora presidente del Congreso tenía que pagar una reparación de S/10 mil.
Sin embargo, Soto interpuso una medida cautelar, un proceso que delataría este pago. Es así como en el 2016, el Quinto Juzgado de Cusco dejó sin efecto esta solicitud; es decir, que el ahora parlamentario tenía que pagar de manera obligatoria.
“Estamos hablando de un impedimento. No hubiera podido participar, no se hubiera podido inscribir como candidato, porque reitero el artículo 113 de la Ley Orgánica de las Elecciones señala que una persona que figura una deuda por reparación civil no puede ser candidato”, explicó Julio Silva Meneses, abogado especialista en derecho electoral.
Pena de hasta cuatro años de cárcel
Desde otro punto, el abogado penalista, Carlos Caro, afirmó que el ahora presidente del Congreso podría enfrentar una pena de hasta cuatro años de cárcel, debido a que se trata de un presunto “delito de falsa declaración y procedimiento administrativo”.
A pesar de que se intentaron comunicar con Soto, su equipo de asesores reafirmó que no cuenta con ninguna deuda. Una nueva revelación que deberá responder el parlamentario de Alianza para el Progreso.