Alejandro Soto adquirió una lujosa casa de más de 200 mil dólares tras presunta estafa a empresa que lo denunció

Luego de vender por 265 mil dólares a la empresa Waynapicchu un terreno que había adquirido meses atrás por solo mil dólares, el flamante presidente del Congreso, Alejandro Soto, compró, en 2015, un lujoso inmueble valorizado en 252 mil dólares en el distrito cuzqueño de San Jerónimo.

Lo sospechoso es que, de acuerdo a la partida registral a la que accedió La República, no se consigna que el espacio se haya pagado a través de una hipoteca, por lo que se presume que el monto que obtuvo de la empresa que hoy le demanda una reparación civil de más de 300 mil soles fue destinado a dicha compra.

La operación se concretó dos años antes de que Waynapicchu, empresa donde Alejandro Soto Reyes era asesor legal, descubriera la presunta estafa en la adquisición del terreno: sobrevaloración del precio y área del mismo (se hizo pasar 640.61 metros cuadrados como 879.90 metros cuadrados, según una memoria descriptiva oficial).

Por este hecho, así como la actualización no efectuada al estatuto de la compañía, la empresa denunció a Alejandro Soto por estafa y falsedad genérica. La Fiscalía pedía una pena privativa de la libertad de 8 años y 8 meses; sin embargo, el caso fue declarado prescrito luego de que el parlamentario solicitara que se aplique la Ley 31751, la cual reduce la suspensión de la prescripción a un año. Dicha norma fue promovida y aprobada por el legislador de Alianza para el Progreso.

De acuerdo con el expediente al que accedió Infobae Perú, en diciembre de 2014, Waynapicchu contrató al ingeniero agrónomo Marco Quenta Escalante para que elaborara una memoria descriptiva del predio. Sin embargo, se afirma que “falsamente y en atención a los intereses de los justiciables, señaló que el área del terreno era de 879.90 metros cuadrados”.

La nueva junta directiva de la empresa, en diciembre de 2015, contrató a un nuevo especialista para que realice el plano perimétrico, ubicación y localización del predio. Se trata del ingeniero civil Reynaldo Muños Suárez, quien determinó que el terreno tenía solo un área de 640.61 metros cuadrados.

En 2017, Waynapicchu denunció, entre otros, a Alejandro Soto por presunta compra fraudulenta del terreno por 265 mil dólares. La Fiscalía citó al ahora presidente del Congreso para que dé sus descargos. No obstante, este optó por reclamar.

Durand Gonzáles reconoció ante la Fiscalía que 4 personas de la empresa Waynapicchu mostraron interés en el terreno, por lo que se les puso en contacto con Alejandro Soto. Precisa que ambas partes sostuvieron reuniones en la oficina del ahora parlamentario. Luego, el corredor inmobiliario dijo que Soto Reyes hizo que firmara una minuta “porque (me) dijo que no tenía tiempo, ya que viajaba mucho”.

“Se les entregó el terreno, y posterior a ello, no (tuve) mayor participación. Cabe precisar que en el procedimiento de venta siempre se contacta con el propietario, con quien fija el precio final, pues la inmobiliaria solo le otorga un precio referencial”, precisó el asesor de ventas.

El último lunes, el abogado de la empresa Waynapicchu, el doctor Darwin Urquizo, solicitó al juez Carlos Román Gil, del Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, la instalación del juicio oral respecto a la reparación civil.

Aunque el proceso penal fue declarado prescrito, la compañía perjudicada aún puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En los hechos que se le imputan a Alejandro Soto se pide una reparación civil ascendente a 323.829,87 soles.

De forma desglosada, la compañía busca que se le pague 6.945 soles por la redacción y actualización de los estatutos de la empresa que no cumplió, y 287.271,54 por la compraventa de un terreno sobrevalorado y sobredimensionado. De aprobarse lo solicitado, el último monto deberá ser cancelado de manera solidaria por Alejandro Soto y los otros cinco implicados.

Como parte de los medios probatorios, la empresa presentó los comprobantes a su cuenta: uno por 200 mil dólares y el otro por 65 mil, e indicó que, si anteriormente no denunciaron, fue porque conocieron del hecho a través de una auditoría, que se realizó cinco años después.

El último martes, la jueza Yeny Marleny Olivares Tapia, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco declaró consentida la resolución que declara la prescripción del proceso por estafa contra Alejandro Soto.

Ni la empresa Waynapicchu ni la Fiscalía apelaron la referida resolución debido a que la Ley 31751, ley que Soto Reyes promovió y aprobó, aún sigue vigente.

Tras evitar a la prensa en las últimas semanas, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, responderá a los medios de comunicación, pero recién el 28 de agosto, luego de acudir a la región por la que fue electo y participar de la semana de representación. Se presume que, entre otras actividades, recabará información que lo beneficie en el descargo.

Se espera que Soto Reyes, además del proceso penal por estafa, dé explicaciones sobre la contratación de la hermana de la madre de su hijo y la declaración jurada en la que asegura no tener pendiente el pago de una reparación civil.