Militantes de APP y funcionarios nombrados en informes de la Contraloría ocupan cargos en el Ministerio de Salud

Desde que la presidenta de la República, Dina Boluarte, asumió el poder el 7 de diciembre del 2022 tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, un aliado clave de su gestión es César Acuña. El gobernador regional de La Libertad se convirtió en un asiduo visitante de Palacio de Gobierno y también de ministerios. Por esa estrecha relación, es que logró algunos beneficios.

En febrero pasado reportamos que Boluarte Zegarra designó a once militantes de Alianza para el Progreso (APP) en subprefecturas provinciales y distritales. Sin embargo, este gesto era el anticipo de la entrega de un sector clave, como el Ministerio de Salud, el 20 de junio pasado con la llegada del excongresista César Vásquez en reemplazo de la cuestionada Rosa Gutiérrez.

Desde esa fecha, Vásquez realizó una serie de nombramientos que Infobae Perú puso bajo la lupa. Encontramos que en el Minsa se habría dado una repartija de cargos para militantes de APP. Al menos cuatro funcionarios provienen de las filas de la agrupación liderada por Acuña.

Sin embargo, hallamos también a personas que aparecen en informes de la Contraloría General de la República en puestos importantes dentro de la cartera.

Magdalena Quepuy Izarra fue designada como jefa de equipo II de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa el 3 de julio. Luego, la movieron a la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública de la cartera.

Según Infogob, Quepuy milita en APP desde el 5 de enero del 2022. Antes estuvo en Fuerza Popular, donde le dieron la oportunidad de postular sin éxito al Congreso de la República en las elecciones generales del 2016 y 2021, y el Partido Aprista Peruano.

Antonio Sánchez Chacón resultó nombrado jefe de equipo II de la Oficina General de Tecnologías de la Información del Minsa el 8 de julio. En su caso está en APP desde el 4 de diciembre del 2013. Logró ser consejero regional en Lambayeque durante el periodo 2019-2022.

Miguel Aponte Jurado, quien es actualmente jefe de equipo II de la Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos de la cartera, se afilió a APP el 23 de setiembre del 2021. No es la primera vez que está en el Estado.

En la hoja de vida de Aponte se destaca que se desempeñó como alcalde de Chaclacayo (2015-2018) y trabajó como director de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno del encarcelado expresidente Castillo.

María Zavaleta Aurazo es jefa de equipo II de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública desde el 20 de julio. En Infogob aparece que se unió a las filas del partido de los Acuña el 23 de setiembre del 2021.

La gestión de Vásquez no solo está enmarcada por la entrega de cargos a partidarios de Acuña, sino también porque hay funcionarios que aparecen en diferentes reportes de la Contraloría.

Cristian Díaz Velez es director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa desde el 23 de junio. En el informe de control específico 099-2021-2-0251, que está referido a irregularidades en el otorgamiento y pago de bonificación extraordinaria al personal asistencial en atención directa para casos de la Covid-19 en la red asistencial de Lambayeque, se anota que él y otros ocho funcionarios habría tenido presunta responsabilidad civil y administrativa.

En este asunto, Díaz se desempeñaba como jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria que estaba vinculada a la Oficina de Gestión y Desarrollo de la red asistencial de Lambayeque.

Gastón Remy Llacsa empezó a trabajar como director general de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Minsa el 28 de junio. En el informe de control posterior 054-2019-2-0191, relacionado al proceso de designación que se dio del director del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, se concluye que él y otros tres funcionarios tuvieron presunta responsabilidad administrativa.

La Contraloría halló que Remy habría avalado que el médico cirujano Carlos Iván León Gómez sea el director del citado nosocomio.

Por otro lado, José Valega Sáenz es el coordinador general del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) desde el 3 de julio. El nombre de esta persona está en cuatro reportes de la Contraloría. Sin embargo, uno llama la atención porque tiene que ver con el Pronis.

En el informe de control posterior 17407-2021-CG/SALUD-SCE, vinculado a la contratación irregular del Pronis de un especialista en comunicaciones sin experiencia en vez de de uno especialista en seguimiento y monitoreo de proyectos de inversión para los centros de atención y aislamiento temporal, se le encontró a él y siete funcionarios más una presunta responsabilidad penal y administrativa.

“El citado servidor público, no habría controlado diligentemente los procesos técnicos referidos al Sistema Administrativo de Abastecimiento, lo que permitió que el proceso de contratación de la constratista Liss Jhudith Epiquien Merino se tramitara sin advertir que el informe n°029-2021-PRONIS/UGO de 23 de febrero del 2021 requería la contratación de un especialista en comunicaciones y marketing, mientras que, los términos de referencia adjuntos al mismo perfilaban a un especialista en gestión y monitoreo de proyectos; situación que permitió favorecer a dicha proveedora que no contaba con la competencia ni experiencia profesional para realizar funciones de seguimiento y monitoreo para proyectos de inversión (CAAT) a cargo de la Unidad de Operaciones del Pronis”, se sostiene en el documento respecto a la responsabilidad de Valega.

Finalmente tenemos a Moisés Mendocilla Risco lidera la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Minsa desde el 3 de julio. El nombre de este funcionario está en cuatro informes de la Contraloría. El más reciente informe de control posterior 018-2023-2-0191, cuyo asunto toca la contratación de North Life Pharma DMCC para que, a través del laboratorio United Biotech (P) LTD - India, dote 800 mil unidades del medicamento Levofloxacino 250 mg a pesar de que no contaba con el certificado de buenas prácticas de manufactura. Esta operación le permitió al proveedor obtener la buena pro un monto aproximado de S/ 140 mil.

En esa línea, la Contraloría halló una presunta responsabilidad penal de Mendocilla porque “en su condición de ejecutivo adjunto I del Centro de Programación del Cenares, ocasionó la contratación a favor del proveedor no domiciliado en el país ‘North Life Pharma DMCC’, y el pago de S/ 144 400, 00 por la adquisición de 800 000 unidades de Levofloxacino 250 MG tableta, afectando los recursos estratégicos en materia sanitaria debido a que en dicha adquisición no se garantizó los estándares de calidad para la salud humana”.

Infobae Perú se comunicó con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Minsa para que responda por las designaciones descritas en este reportaje. Al cierre de edición, no respondieron.