La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tuvo una estadía muy accidentada la mañana de este viernes en Ayacucho. Ella llegó a esta región del sur del Perú para cumplir una serie de actividades como una reunión de trabajo con fiscales, personal forense y administrativo, así como también anunciar que entregarán 900 restos de víctimas, del periodo de la violencia que hubo en el país, en los próximos meses.
Sin embargo, la titular del Ministerio Público no esperaba que fuera recibida entre gritos por parte de los familiares de los diez fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte que se dieron en diciembre pasado. “Fiscal bamba, corrupta y asesina”, fue uno de los insultos que le lanzaron a su llegada al Cine Teatro Municipal de Huamanga. Incluso, le recriminaron dentro de las mismas instalaciones.
“¡Estará contenta, señora fiscal, después de que asesinaron a diez personas acá en Ayacucho! ¡Estarás feliz que haya impunidad, maldita! Sobre tu cabeza cargan diez muertos. ¡A qué has venido a Ayacucho! ¡Lárgate con tu presidenta! A mi esposo lo mataron el 15 de diciembre y esa maldita es cómplice de tantas muertes. Por culpa de ella, mis hijos se han muerto”, se le escucha a Ruth Barcena, presidenta de la Asociación de víctimas del 15 de diciembre, decirle a Benavides.
Ante la masiva concurrencia de manifestantes en los alrededores de la Plaza Mayor, la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo que cerrar todos los accesos para asegurar la seguridad de la fiscal Benavides que se subió raudamente a un auto con lunas polarizadas para evitar alguna agresión en el trayecto.
Los periodistas de medios ayacuchanos también mostraron su molestia porque no pudieron acercarse a la titular del Ministerio Público para hacerle preguntas.
Investigación no avanza
La hostilidad contra Patricia Benavides en Ayacucho se debe, en parte, por la lentitud para encontrar a los responsables de las muertes de C. M. R. A. (15), Josué Sañudo Quispe (31), Jhon Jennry Mendoza Huarancca (34), Raúl García Gallo (35), Clemer Fabricio Rojas García (22), Luis Miguel Urbano Sacsara (22), Edgar Wilfredo Prado Arango (51), José Luis Aguilar Yucra (20), Leonardo David Hancco Chacca (32) y Jhonatan Alarcón Galindo (19).
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, a cargo de la fiscal Karen Obregón Ubaldo, abrió una investigación en diciembre del año pasado contra el jefe de la Macro Región Policial de la región, el general PNP Antero Mejía Escajadillo, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general EP Jesús Vera Ipenza.
Las autoridades fueron señalados de cometer la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado ante estos decesos durante la represión.
Sin embargo, todo lo actuado pasó a un equipo especial de fiscales creado por Patricia Benavides a fines de marzo pasado para que se dedique exclusivamente a indagar si se cometieron delitos durante la protestas contra Boluarte en diciembre del 2022 y enero pasado.
La fiscal Marena Mendoza Sánchez fue designada como la coordinadora. Junto a ella estarán Segundo Núñez Rodríguez, Mirela Coronel Molero, Mary Rojas Jara, Wilton Asto Rivas, Walter Carrasco Otárola, Anthony Olivares Silva, Lidia Nieto Pablo, Joás Padilla Morán, Lina Montes Reynalte, Roser Valencia Garriazo y Brian Roca Orosco, según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, Asociación de los familiares de los asesinados y heridos del 15 de diciembre en Ayacucho y la Asociación de víctimas de represión a las protestas de Andahuaylas y Chincheros rechazaron esta medida porque se iban a retrasar las indagaciones para hallar a los responsables.
“Da la impresión de un afán de retrasar las investigaciones ya que incluso no nos permiten participar como víctimas con nuestros abogados en las declaraciones de los denunciados. Consideramos que esta decisión de la fiscal de la Nación afecta nuestro derecho de acceso a la justicia porque, al derivar los casos a Lima, nos limitará en tiempo y costo realizar el seguimiento y vigilancia de nuestros casos, más aún sabiendo de nuestros recursos precarios”, señalaron en un comunicado.
La presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y otros exmiembros del Gobierno son investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad.
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