Elmer Cáceres Llica enfrenta pedido de seis años de cárcel por presunta corrupción en Municipalidad de Caylloma

El último miércoles se llevó a cabo la audiencia judicial oral contra tres de los seis implicados en el delito de colusión agravado por el caso “butacas”, el cual refiere a la presunta irregular adquisición de 232 butacas para el funcionamiento del coliseo, “La Montera” en Chivay, cuando Elmer Cáceres Llica era alcalde de la provincia de Caylloma.

Durante el juicio instalado por Eddy Leva Cascamayta, titular del Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, escuchó a los imputados Favio Almanza Almanza, quien era el residente de obra, José Figueroa Huanqui y Antonia Lara Ibana declararse culpables del delito de colusión agravada y reconocer la multa impuesta por el concepto de reparación civil. Luego, solicitaron acogerse a la figura de conclusión anticipada.

Quien no reconoció las acusaciones formuladas por el Ministerio Público fue el también exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, investigado por haber aprobado el proyecto junto a los exfuncionarios ediles mencionados y Guillermo Valcárcel Valdivia y Eddy Callo Álvarez. En consecuencia, el juicio oral quedó instalado específicamente para ellos.

La Fiscalía ha solicitado seis años de prisión contra Cáceres Llica y demás involucrados en el hecho que data de diciembre del año 2011. La siguiente audiencia fue programada para el día 17 de agosto a las 14:15 horas, la misma que se llevará a cabo de manera presencial.

El Ministerio Público afirma que el proceso de adquisición en cuestión presentó diversas anomalías, incluyendo la colaboración con la proveedora para favorecerla y la utilización de documentación falsificada. Tanto la propuesta económica como la técnica, así como el contrato firmado el 27 de diciembre de 2011, cuentan con una firma falsificada de Lara. Curiosamente, esa fue la única venta que la ciudadana realizó a una institución pública.

El entonces alcalde Cáceres Llica autorizó el proyecto con su firma adelantando los plazos bajos con el argumento de una supuesta necesidad urgente para comprar las butacas.

Las mencionadas butacas, por las que se declaró un monto de S/22.500, no pudieron ser instaladas y permanecían guardadas en el coliseo mencionado. La investigación de la Fiscalía reveló que las gradas erigidas en el coliseo no eran adecuadas para ningún tipo de butacas, incluso las de tamaño estándar, debido a su incompatibilidad con las dimensiones de las gradas preexistentes.

Por su parte, la defensa legal de Elmer Cáceres, a cargo de Humberto Abanto, pusieron en duda la acusación de la Fiscalía y cuestionó si en realidad se trata de un delito de colusión o simplemente se trató de una serie de errores administrativos.

El exgobernador regional de Arequipa se encuentra en el Penal de Socabaya por un período de 36 meses y bajo el concepto de prisión preventiva desde el 22 de octubre de 2021, cuando aún ostentaba el cargo de máxima autoridad en la región arequipeña.

Al impulsador del dióxido de cloro como medicamento contra el Covid-19 se le imputa ser líder de una presunta organización criminal denominada “Los hijos del cóndor” que operaba al interior del Gobierno Regional de Arequipa.

Entre los implicados se encuentran individuos en los que el exgobernador tenía confianza, la mitad de los miembros del Consejo Regional de Arequipa y líderes. El proceso penal abarca cargos por cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio y también, la acusación de pertenecer a una organización criminal.

La hipótesis fiscal tomó fuerza en 2019, a raíz de la colaboración de una testigo bajo protección. Esta persona desveló que mediante sobornos significativos se habría influenciado a consejeros regionales para que no supervisen su administración a cambio de favores.