Rutas de Lima, el consorcio que controla la concesión y los peajes de la vía del mismo nombre en Puente Piedra, consideró el lunes que la denuncia por lavado de activos iniciada por el procurador de la Municipalidad de Lima, Carlos Cosavalente, contra su principal accionista significa un “nuevo ataque en su andanada de acciones orientadas a apropiarse ilegítimamente de la concesión”.
A través de un comunicado, la firma indicó que la iniciativa penal “no solo carece de sustento legal alguno, sino que es claramente difamatoria e intimidatoria y busca confundir a la opinión pública”.
“Esta acción es una vez más una violación a las órdenes del Tribunal Arbitral Internacional, el cual no solo ordenó a la MML suspender el proceso de caducidad, sino también abstenerse de agravar la disputa con manifestaciones públicas sobre el asunto y contra Rutas de Lima durante el trámite del arbitraje en curso”, se lee en la misiva difundida en su web.
El consorcio señaló que, pese al historial de “ataques permanentes por parte de” la gestión de Rafael López Aliaga, la MML ahora “quiere sembrar dudas y cuestionar a nuestro accionista mayoritario, buscando nuevas formas de despojarnos de la concesión”.
“Las acciones descritas de la MML generan un clima de grave hostilidad e inestabilidad en la operación de Rutas de Lima, ocasionando un severo impacto en el valor de su inversión y agravando indebidamente la controversia en curso entre las partes, en flagrante y reiterada contravención a las órdenes dadas por el Tribunal Arbitral”, estimó.
De igual modo, solicitó al “Gobierno Central su intervención inmediata a efectos de adoptar las medidas que correspondan para lograr que cese la violación de los derechos y garantías bajo las cuales se efectuó la inversión en el proyecto a cargo”.
Cosavalente señaló en su acusación que “existen indicios” de que Brookfield, principal accionista de la concesionaria ―junto con Brookfield y Sigma—, estaría incurriendo este delito para beneficiar a la transnacional Odebrecht.
Basado en un informe periodístico del 2017, el petitorio refiere que “los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso Jorge Barata [implicado en un escándalo de corrupción a nivel latinoamericano], se mantienen como apoderados de Rutas de Lima”, porque la firma vendió a Brookfield el 57% de Rutas de Lima.
“De esta forma, Odebrecht se quedó con 25 % y Sigma Safi con el 18 % de las participaciones”. Sin embargo, el oficio anota que, “luego de efectuada la transferencia financiera con el fondo canadiense Brooksfield, Odebrecht continuaba dirigiendo Rutas de Lima y, en consecuencia, seguiría a cargo del servicio e-pass consistente en la recaudación automática en los peajes”.
El procurador también señaló que, ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), “Odebrecht Perú Peajes SAC consignó como presidente del directorio a Jorge Barata y como apoderados a Ferreira Neves y Pereira Neto, los mismos que ocupan cargos en Rutas de Lima y, a su vez, en Odebrecht Latinvest Perú SAC”.“A mérito de lo expuesto, se atribuye a los que resulten responsables de la empresa Brooksfield lavar activos procedentes de los peajes de Lima a favor de una tercera persona jurídica, quien supuestamente vendió el 57% de sus acciones”, se lee en el documento.
Cuando todavía era candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga prometió acabar con el cobro de los peajes a cargo del consorcio. En el primer mes de gestión, el Concejo Municipal anuló el contrato de concesión, por lo cual la firma inició una demanda de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Aunque un tribunal de este organismo dejó sin efecto el término del contrato, a fines de julio el burgomaestre ultraconservador invocó a Rutas de Lima a “devolver [a la administración edil] los peajes de la corrupción”, un ultimátum que fue desoído.
El propio ministro de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, refirió que su cartera intentó mediar, sin éxito, para que se cumpla con la disposición aprobada por el Consejo Metropolitano, y consideró que el principal problema es “cómo hacer que Odebrecht salga de este consorcio”.
A la fecha, los ciudadanos continúan pagando 6.50 soles cada vez que atraviesan estas carreteras, un panorama que empujó a un grupo de vecinos y autoridades de la Municipalidad de Puente Piedra a realizar un plantón con el lema “No más peaje”.
En 2021, a raíz del megaescándalo Lava Jato, Brookfield presentó a la comuna limeña una propuesta para modificar tres cláusulas del contrato de concesión y poder adquirir la participación del 25% que aún mantiene Odebrecht Latinvest.
Con el actual contrato de concesión, firmado en 2013, ni Brookfield puede comprar la participación del socio estratégico —Odebrecht— ni este puede venderla, sin la autorización expresa del concedente, la Municipalidad de Lima.
De acuerdo a un informe de Epicentro TV, los “nudos” están contenidos en las cláusulas 1.109, 15.8 y 15.9 del contrato. Si la gestión de López Aliaga firma la propuesta de Brookfield, la salida de Odebrecht sería cuestión de tiempo. Pero hasta ahora no lo hace.
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