Municipalidad de Lima gasta 130 mil soles para defensa de Rafael López Aliaga y regidores en un proceso de amparo

La Municipalidad Metropolitana de Lima habría desembolsado 130 mil soles para la defensa legal del alcalde Rafael López Aliaga y 35 regidores, entre los que se encuentra el teniente alcalde Renzo Reggiardo, en un proceso de amparo en el Poder Judicial contra el acuerdo del Concejo Metropolitano de Lima que declaró “zona intangible” el Centro Histórico de Lima.

Pese a que los procesos constitucionales, como los amparos, en contra de actos administrativos de una entidad son contestados por el procurador público de la institución, López Aliaga y el grupo de regidores solicitaron a la Gerencia Municipal que se les otorgue el beneficio de defensa legal.

Usualmente, los servidores o exservidores piden este beneficio a la entidad en la que desempeñan o desempeñaron, respectivamente, la función pública cuando se encuentran inmersos en investigaciones fiscales. Tal es el caso del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuya defensa legal en el caso de las muertes en protestas es financiada por la PCM.

El estudio Fernández, Heraud & Sánchez Abogados se encargará de la defensa legal de Rafael López Aliaga y los 35 regidores que solicitaron el servicio. La Municipalidad de Lima le otorgó la buena pro el pasado 13 de julio. Cabe precisar que fue una contratación directa, es decir, no hubo concurso público.

Este estudio ya contrató con la Municipalidad de Lima durante la gestión de López Aliaga. Fue en marzo, mes en el que se le desembolsó 25 mil soles para una consultoría legal.

El nuevo contrato por 130 mil soles, al que accedió Infobae Perú, se firmó el 18 de julio. Aunque según los términos de referencia la asesoría legal debería abarcar todas las etapas del proceso judicial, el contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, a pesar de que el recurso incluso podría llegar al Tribunal Constitucional. Ello implicaría un plazo mayor al que prevé el documento.

La acción de amparo en cuestión es promovida por el economista Ciro Luis Silva Paredes, quien en redes se denomina como líder del “Partido Político Nueva Patria”, y busca la anulación del Concejo Metropolitano de Lima que declaró “zona intangible” el Centro Histórico de Lima y, en consecuencia, prohibió marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas “que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública”.

Cabe precisar que existe otro amparo con el mismo pedido. Ese proceso lo ganó en primera instancia la Municipalidad de Lima, representada únicamente por su procurador público.

Llama la atención que en dicho expediente no se apersonó ni Rafael López Aliaga ni otro regidor. Sin embargo, ahora sí optaron por contratar un estudio privado para que los defienda.