Fiscalía investigará a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por presuntamente captar dinero ilegal con campaña de “fraude electoral”

Keiko Fujimori, Miki Torres, Luis Galarreta y otros dirigentes de Fuerza Popular serán investigados por presuntamente haber captado fondos ilegales tras las elecciones generales del 2021 bajo la premisa del “Fraude Electoral”. Así lo dispuso el fiscal José Domingo Pérez, quien busca ampliar la investigación por lavado de activos que recae contra los antes mencionados.

De acuerdo a la disposición de aplicación de investigación a cargo del equipo especial Lava Jato, a la cual tuvo acceso el portal Epicentro, Domingo Pérez consideró “útil y pertinente para la corroboración de la hipótesis fiscal” recabar testimonios adicionales.

“Resulta útil y pertinente recabar la declaración testimonial de Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones - JNE; Piero Alessandro Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE; y Carmen Milagros Velarde Koechlin, jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC”, se lee en el documento presentado.

Asimismo, solicita que se recoja la declaración indagatoria de todos los investigados, la misma que se realizará de manera presencial en las oficinas del despacho fiscal, entre ellas figura Fujimori Higuchi, lideresa del partido naranja, Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular en las elecciones del 2021, y Miki Torres, excongresista y dirigente del mencionado partido.

Toda esta narrativa empezó tras la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021, las cuales dieron como ganador a Pedro Castillo, quien se convirtió en presidente del Perú por casi un año y cinco meses.

Tras conocerse el resultado, Keiko Fujimori acusó un supuesto fraude en las mesas electorales bajo el argumento de que habían falsificado la identidad de algunos electores y las actas para favorecer al candidato de Perú Libre.

Todos estos esfuerzos demandaron un gran financiamiento económico para revisar las firmas de los votantes. De acuerdo a la fiscalía, todas las acciones impulsadas por el fujimorismo requirieron un desembolso de S/1′278.430 y otros S/31.350 en busca de lograr impugnaciones y apelaciones

Asimismo, se hace hincapié en que la campaña del fraude recibió supuestas donaciones de bufetes de abogados, empresarios y propietarios de casinos o empresas vinculadas a los juegos de azar y apuestas. Por todos estos motivos, se ha dispuesto a investigar la legalidad del dinero entregado al partido Fuerza Popular.

El escándalo del fraude electoral llegó hasta el Congreso de la República, en donde se creó una Comisión que se iba a encargar de identificar las irregularidades de los mencionados comicios. El grupo de trabajo estuvo liderado por el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular (RP) y le costó al presupuesto público más de 200 mil soles.

“La finalidad de la comisión dentro del marco de la investigación encomendada por el Pleno del Congreso no es realizar una nueva evaluación o revisión del proceso electoral antes mencionado, y mucho menos actuar como una instancia de la jurisdicción electoral respecto al mismo; por el contrario, se orienta a detectar las posibles falencias o distorsiones que afecten al sistema electoral en sí, tal cual como está actualmente regulado, y no solo al proceso electoral del año 2021″, comentó el procurador del Parlamento ante el Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, este 7 de agosto, el TC decidió anular definitivamente esta Comisión al encontrar irregularidades en el proceso de creación del grupo de trabajo, pues no obtuvo el número de votos mínimos para su conformación.

“Al haberse reducido, finalmente, el número de votos contados a favor de la creación de la Comisión, no se ha cumplido con el número mínimo exigido por el artículo 88 del Reglamento del Congreso; esto es, con 35 % del número legal de congresistas”, determinó la decisión del Tribunal Constitucional.

Como se recuerda, para su aprobación se necesitaban 46 votos a favor, sin embargo, el legislador José Arriola, de Acción Popular, decidió quitar su voto y cambiarlo por abstención, por lo cual se quedaron con 45 votos a favor. Pese a esto, igual decidieron instalar dicho grupo de trabajo.