Tras asumir su cargo el 1 de enero pasado, el alcalde Rafael López Aliaga informó en qué situación encontró la Municipalidad Metropolitana de Lima. “La Municipalidad de Lima tiene 13,500 trabajadores, cuando debería tener 7,000 como máximo. Ahí ha habido todo un festín”, señaló en declaraciones a la prensa en un intento por cuestionar a la gestión de su saliente predecesor Miguel Romero Sotelo.
Sin embargo, la crítica de López Aliaga parece que resultará un bumerán para él. Infobae Perú accedió a un informe de la Contraloría General de la República, elaborado tras una visita de control entre el 17 al 21 de julio pasado a las instalaciones y oficinas de la comuna, que revela que la actual gestión edil ha tenido designaciones cuestionables en las gerencias.
El documento 024-2023-OCI/0434-SVC, cuyo título es “Verificación de los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública”, detalla que funcionarios de la gestión de López Aliaga no contarían con la experiencia necesaria en los cargos donde fueron puestos en la Municipalidad de Lima en los últimos meses.
“De la revisión y evaluación a los legajos en físico y en archivo digital y a los documentos de designación de servidores en los cargos directivos de libre designación y remoción de la entidad, que fueron designados después de la entrada en vigencia de la Ley n.° 31419 y su Reglamento, se advierte que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no acredita la verificación del perfil de puestos para acceder al cargo de directivo de libre designación y remoción, siendo que como resultado de la verificación efectuada por la Comisión de control, se advirtió que de dieciséis (16) funcionarios, los cuales fueron designados mediante resolución de alcaldía durante el periodo de enero a junio de 2023, quince (15) de ellos no cuentan en su legajo personal con el informe de verificación de cumplimiento, o no cumplimiento de requisitos para el acceso a la función pública; y, en uno (1) de ellos, si bien si obra en su legajo personal el referido informe, el mismo fue emitido en fecha posterior a la que asumió el cargo”, se lee en el documento.
Así están los siguientes casos:
Abdul Martín Miranda Mifflin, quien es el gerente de Seguridad Ciudadana, no habría presentado el certificado que acreditaría que obtuvo el grado de alférez en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y tampoco registró alguna especialización (cursos, taller y seminario) con un mínimo 80 horas acumulables sobre el puesto en el que se desempeña.
Hernán Roberto Pérez Vélez, gerente de Servicios de la ciudad y Gestión Ambiental, no contaría con el título profesional de economista, pues solo sería bachiller de la mencionada carrera, y tampoco adjuntó en su legajo personal documentación relacionada con su experiencia laboral y alguna especialización seguida para ser considerado al cargo.
Elia María Del Pilar Urmeneta Venturo, gerente de Desarrollo Económico, no presenta documentos relacionados con su experiencia general y específica, así como tampoco algún curso, seminario o taller que haya llevado.
Isabel Del Rocío Ayala Melgarejo, gerente de Desarrollo Humano, no presentó los documentos que acredite las especializaciones que siguió. Esta situación también se estaría repitiendo con José Aurelio Danos Ordoñez, secretario general del concejo metropolitano, y Hugo Valderrama Chávez, gerente de Fiscalización y Control.
Maritza Adela Gonzales Polo, gerente de Desarrollo Urbano, presenta cursos, seminarios y conferencias. Sin embargo, la Contraloría detalla que no se evidencia en los legajos personales haber efectuado las mencionadas especializaciones.
Luis Martín Víctor Bogdanovich Mendoza, gerente del Programa Municipal para la recuperación del Centro Histórico, quien presentó un diploma de XXXI Comité Sectorial de Cultura que llevó por dos días.
De otro lado, tampoco hay legajo de los siguientes funcionarios: Christian Alberto Laura Ríos, jefe de la Oficina General de Planificación Estratégica, Modernización y Cooperación Técnica; Jessica Patricia Villegas Vásquez, jefa de la Oficina General de Administración; Mario Carlos Casaretto La Torre, gerente de Gestión del Riesgo de Desastre.
Lo mismo se da en los casos de Elvira Clara Moscoso Cabrera, gerente de Movilidad Urbana; Liz Belissa Jorg-Lizano Gálvez, gerente de Promoción de la Inversión Privada; Raúl Eduardo Fernández Olivares, jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos; Dennis Alberto Morales Cárdenas, jefe de la Oficina General de Finanzas.
Exceso de personal de confianza
Sin embargo, no es el único hallazgo de la Contraloría. En el informe también se menciona que la gestión de Rafael López Aliaga superó el límite máximo de designaciones de servidores de confianza en lo que va de este año.
La entidad fiscalizadora detalla que la entidad tiene 179 personas que son personal de confianza, cuando en realidad deberían ser 50 de acuerdo a la Ley N.° 31419.
“Se advierte que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha excedido en un total de ciento veintinueve (129) servidores designados en cargo de confianza respecto al límite de empleados, al haber designado a cincuenta setenta y nueve (179) funcionarios de confianza, respecto al límite de empleados de confianza establecido en el Decreto Supremo que precisa la designación y los límites de empleados de confianza en las entidades públicas – Decreto Supremo n.° 084-2016-PCM y la Ley n.° 31419″, según la Contraloría.
Infobae Perú requirió los descargos de la Municipalidad de Lima al cierre de este informe. Sin embargo, no encontramos respuesta alguna.
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