Empresa estafada por Alejandro Soto reitera que se benefició con la ley de la prescripción

A pesar de que Alejandro Soto, presidente del Congreso, ha mencionado que jamás se benefició con la ley de la prescripción, pues la realidad parece decir todo lo contrario. La empresa de transportes Waynapicchu, a través de su defensa legal, reiteró que el legislador se amparó en la norma para evitar una condena por el delito de estafa que lo llevaría 8 años y 8 meses a la cárcel.

“Claro, él y todos los otros imputados (se beneficiaron). Yo estuve en la audiencia defendiendo a la empresa agraviada y tanto la defensa del señor Soto, como la defensa de los otros imputados, solicitaron que se aplique esta ley, que se promulgó en mayo y que recorta el plazo de la prescripción de la acción penal”, señaló el abogado Darwin Urquizo en declaraciones a RPP Noticias.

El letrado explicó que Soto no ha dicho la verdad sobre el archivo de la investigación en su contra en el 2019. Agregó que, en realidad, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) presentó ante el Poder Judicial un recurso de sobreseimiento y prescripción. En una primera instancia fue declarado fundado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, pero en una segunda instancia terminó anulada y, entonces, el proceso continuó.

En esa línea, el actual titular de la Mesa Directiva tuvo que someterse otra vez al control de acusación por la denuncia interpuesta por Waynapicchu que lo señala que les vendió por US$ 250 mil un predio, ubicado entre las comunidades de Ayamarca y Pumamarca, del distrito cusqueño de San Sebastián, que supuestamente era de 640 metros cuadrados cuando tenía 879,9 metros cuadrados.

Todo el proceso pasó al Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco. Según Urquizo, el tribunal dispuso en octubre del 2022 que el juicio oral contra Alejandro Soto inicie en julio de este año. Sin embargo, el abogado del legislador de APP apeló a la ley N.º 31751 que modificó uno de los puntos del Nuevo Código Procesal Penal, referido la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año.

A pesar de esta medida, desde la empresa de transportes Waynapicchu insistirán con la solicitud para que el titular del Congreso pague una reparación civil por aproximadamente de S/ 300 mil.

En efecto, el programa Cuarto Poder difundió el último domingo un video de la audiencia en el que la defensa legal de Soto se acogió al dispositivo legal ante el magistrado.

“En este acto, señor magistrado, me permito solicitar a su despacho se declare la extinción de la acción penal a favor de mi patrocinado por prescripción, sobre todo, invocando lo establecido por la Ley 31751, que se aplique de manera retroactiva a favor de mi patrocinado, ley que está vigente”, señaló el letrado.

Pese a la prueba, Soto se niega a reconocer que una propuesta legislativa, que apoyó cuando llegó al Pleno, lo llegó a salvar.

“Está utilizando una norma que a mí no me beneficia. No me beneficia en absoluto porque mi caso ya estaba prescrito y sobreseído cuatro años atrás”, dijo. “Es un argumento que él habrá utilizado. El fondo del asunto es que un juez en el 2019 ya había declarado prescrito el caso”, reiteró el jefe de la Mesa Directiva en diálogo con Canal N.

Ayer se conoció que la congresista Flor Pablo (no agrupada) informó que presentó un oficio para que Alejandro Soto sea investigado apenas se instale la Comisión de Ética que, por ahora, no tiene un presidente definido. El asunto: la contratación de la hermana de la madre de su hijo.

En el documento enviado al oficial mayor del Legislativo, Javier Ángeles Illman, instó al futuro grupo de trabajo que, “en caso de demostrarse falta ética, se le imponga la sanción correspondiente por infracción al Código de Ética Parlamentaria”.