Ministerio de Trabajo anula de manera definitiva la inscripción de la Fenatep, sindicato fundado por Pedro Castillo

El Ministerio de Trabajo decidió ratificar la decisión de dejar sin efecto la inscripción legal como sindicato de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep). Dicha condición lo había logrado durante el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien es su fundador.

A través de la resolución N° 0038-2023-MTPE/1/20, emitida ayer, se dio cuenta que confirmaban lo encontrado el 13 de junio pasado cuando informaron que observaron que la constitución legal de la Fenatep se dio sin la autorización de los miembros de su asamblea general.

En esa oportunidad, la cartera que dirige el cuestionado ministro Fernando Valera enfatizó que “ninguno de los representantes de las organizaciones sindicales conformantes contaba con autorización de sus respectivas Asambleas Generales para integrar esta nueva Federación”.

Además, el sector Trabajo agregó que “la exigencia de la aprobación por parte de la Asamblea General, como condición previa para la constitución de una federación de servidores civiles, constituye la expresión de la dimensión objetiva de la libertad sindical, en tanto garantía de su ejercicio democrático”.

Hay que recordar que tras la decisión del Gobierno de Dina Boluarte, desde la Fenatep denunciaron que eran perseguidos y víctimas de una “venganza política, abusiva y arbitraria”.

“Es una venganza política, es una decisión política inconstitucional, ilegal, arbitraria y abusiva. Esta determinación es parte de la política de persecución en contra de la Fenate Perú, que quieren desaparecer, liquidar, destruir nuestro gremio”, anotó Moisés Chipana, secretario general de la Fenatep, en diálogo con Exitosa Radio.

El dirigente, identificado como parte de una de las bases del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) vinculado a Sendero Luminoso, agregó que las siguientes medidas que se tomarían serían las capturas de los miembros de la Fenatep para meterlos a la cárcel.

“El objetivo es ilegalizar, hasta proscribir y desatar una persecución y encarcelar a los dirigentes”, apuntó.

Privilegios e influencia

Hay que recordar que la Fenatep logró su inscripción dos días después que el expresidente Castillo asumió las riendas del Gobierno. El entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien estaba también ligado a este grupo, facilitó los trámites y desató una guerra con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (Sutep).

Durante el gobierno pasado, la Fenatep tuvo una serie de privilegios e influencia política. Tras la breve gestión del reconocido profesor ancashino Juan Cadillo, el Ministerio de Salud fue tomado por Carlos Gallardo.

Gallardo fue la cuota del sindicato de Castillo. A diario se reunía con los profesores de la Fenatep en su despacho. Como consecuencia de esas visitas es que designó a Roy Palacios Ávalos como viceministro de Gestión Institucional del Minedu.

Palacios Ávalos se desempeñó como secretario de la filial Pasco de la Fenatep y fue regidor del distrito de Pallanchacra (Pasco) por el partido Somos Perú entre 2011 y 2014.

Debido a la notoria influencia de la Fenatep, el Congreso de la República decidió censurar a Gallardo que se quedó hasta el 23 de diciembre del 2021. Fue el primer ministro en ser destituido del régimen de Castillo Terrones.

Sin embargo, el sindicato del expresidente también apuntó a capturar las prefecturas, cargos que están bajo la supervisión del Ministerio del Interior.

Según una nota de la revista Caretas, los siguientes profesores de la Fenatep obtuvieron un puesto: Guillermo Rea Tito (Moquegua), Roger Apolinar Ortiz (Lima Provincias), Miriam Briones Silva (Lima), Juan Arévalo del Águila (San Martín) y Eliseo Huamaní (Huánuco).

Con la caída de Castillo, todos ellos terminaron saliendo de las prefecturas. Finalmente, la Derrama Magisterial también fue una institución que la Fenatep quiso capturar con la complicidad de Castillo. Sin embargo, el Parlamento y el Sutep bloqueó esa posibilidad al dejar sin efecto un decreto supremo que proponía una serie de modificaciones a dicha entidad.