El momento en que un trabajador del INPE fue baleado en los exteriores de un penal en Piura

El hecho ocurrió a plena luz del día, en una zona que cuenta con resguardo policial. Los atacantes utilizaron una moto para escapar del lugar.

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Trabajador del INPE fue baleado en los exteriores de un penal en Piura (ATV Noticias)

Jean Carlos Durán García, un trabajador del INPE, recibió varios disparos cuando acababa de terminar su jornada laboral en el penal de Piura, ex Río Seco, por parte de unos sujetos que se acercaron a él a bordo de una moto, ejecutaron los tiros y huyeron del lugar. Ahora, el estado de salud del agente es reservado.

En los videos que circulan en las redes sociales, se percibe la desesperación de los transeúntes y comerciantes de la zona, quienes pedían que se llamen a médicos para que atiendan al hombre que se desangraba tirado en el suelo.

Además, el atentado ocurrió en presencia de decenas de mujeres que hacían cola para ingresar al penal y visitar a sus familiares que se encuentran recluidos. En la zona había resguardo policial, pero a los sujetos no les importó ello.

Los testigos indicaron a ATV Noticias que se habrían ejecutado alrededor de siete disparos. Además piden seguridad en el lugar. Mientras tanto, el trabajador de 30 años y natural de Chulucanas fue trasladado al hospital Regional de Piura Cayetano Heredia.

Personal de la Divincri llegó al lugar para investigar los motivos del ataque ocurrido a plena luz del día y cerca de un reclusorio. Se sospecha que se trate de algún tipo de venganza por parte de un interno o grupo de reos del penal donde viene trabajando.

Jean Carlos Durán García trabajador del INPE herido. (ATV Noticias)
Jean Carlos Durán García trabajador del INPE herido. (ATV Noticias)

Hacinamiento en penales

Por otro lado, esta semana, Javier Llaque, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se refirió al problema de la sobrepoblación en las prisiones y afirmó que las soluciones propuestas por el Gobierno están fundamentadas en bases técnicas.

Llaque destacó que el enfoque presentado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su mensaje nacional, es una estrategia técnica frente a esta emergencia, y el INPE debe estar preparado para responder adecuadamente.

La mandataria anunció la construcción de dos nuevas cárceles, con una inversión de S/ 300 millones, que se incluirán en el presupuesto general de 2024. El objetivo es invertir un total de S/ 1,630 millones en centros penitenciarios en todo el país antes de que termine su mandato.

El presidente del INPE informó que se comenzarán los trámites técnicos el próximo año, y ya han comenzado las conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

“Actualmente, tenemos más de 93,000 reclusos, lo que supera nuestra capacidad”, agregó el funcionario.

Las dos nuevas prisiones que se planean son el Penal de Abancay y el Penal de Arequipa, siendo este último un proyecto que se encuentra actualmente paralizado y que se busca reiniciar lo antes posible.

La construcción de estas cárceles es una respuesta al crecimiento significativo de la población penitenciaria, que en el pasado no superaba los 500 nuevos reclusos por mes, pero en julio del año presente llegó a 809 reos.

Piden mayor atención a niños

En tanto, también esta semana, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado peruano para prestar mayor atención a los niños menores de tres años que acompañan a sus madres cumpliendo condena en diferentes cárceles del país.

Indicaron que estos niños enfrentan diversos problemas, como la falta de una regulación adecuada y actualizada para su liberación de los establecimientos penitenciarios, la carencia de pabellones separados para madres con hijos, así como la falta de guarderías, lactarios, programas de estimulación temprana y áreas para monitorear su crecimiento y desarrollo, entre otros servicios. Además, se destaca la ausencia de cuidados para niños mayores de tres años que salen de las cárceles y también para adolescentes que tienen a sus madres o cuidadoras detenidas, lo que puede generar situaciones de riesgo o desprotección familiar.

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