La CIDH insta a Perú a respetar la libertad de expresión y los derechos humanos durante las protestas sociales

En el contexto de las actuales protestas que se desarrollan en Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hicieron un llamado al Estado peruano para respetar los estándares interamericanos en lo que respecta al uso de la fuerza, y garantizar la libertad de expresión.

En un comunicado de la CIDH sostiene que “del 19 al 30 de julio, el Perú ha sido escenario de protestas que buscan retomar las demandas de las manifestaciones llevadas a cabo tras la crisis política y social del 7 de diciembre de 2022″. Sin embargo, durante esas fechas organizaciones civiles denunciaron el uso indiscriminado de perdigones y gases, así como detenciones arbitrarias por parte del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP)”.

Hasta el 30 de julio, la Defensoría del Pueblo registró 18 personas heridas, incluyendo civiles e integrantes de la PNP. El Ministerio Público reportó 10 personas detenidas y la Asociación Nacional de Periodistas ha reportado agresiones en contra de 7 periodistas, “una de las cuales fue lesionada mientras realizaba una transmisión en vivo, y otra denunció que fue expulsada de la zona de cobertura por agentes de las fuerzas de seguridad, presuntamente, por no ser periodista colegiado”.

El Estado ha informado sobre acciones implementadas para garantizar el derecho a la protesta, con la aplicación de las directrices establecidas en la Ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP. Además, ha dado a conocer sobre la instalación de puntos de atención en salud durante las jornadas de protesta y distintas iniciativas para garantizar el ejercicio del periodismo.

“No obstante, ante las denuncias presentadas, la CIDH recuerda al Estado el deber de abstenerse, en general, de usar la fuerza en contextos de manifestaciones públicas, conforme a los estándares interamericanos. En ese sentido, urge a esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia, y asegurar las vías y canales de información que permita identificar la cadena de mando y ejecución de órdenes en las instituciones de seguridad”, manifiesta la Comisión de Derechos Humanos.

Agrega que “se le reitera a todas las autoridades del Perú que la superación de la crisis requiere el diseño y la implementación, desde el más alto nivel, de una estrategia de diálogo genuino, con un enfoque étnico y territorial, que permita escuchar a todos los sectores de la sociedad. En ese marco, valora positivamente la voluntad expresada por el Estado de cumplir con las recomendaciones emitidas en el informe “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”.

Hace unos días Stuardo Ralón, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que harán un seguimiento al gobierno de Dina Boluarte, quien anunció en su mensaje a la Nación que implementará las recomendaciones que plantearon en el informe sobre las protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 y enero de este año.

Ralón sostuvo que cada una de las muertes durante las protestas deben ser investigadas. “Tiene que llegarse a un responsable, así como a compromisos de no repetición por parte del Gobierno”, subrayó el comisionado. Por ello, aseguró que ven desde la CIDH con “buenos ojos” la voluntad de Boluarte Zegarra de recoger los contenidos de su informe.

En tanto, Dina Boluarte, en su mensaje por 28 de julio, pidió perdón por las muertes en las protestas de diciembre y enero. “Declaro nuevamente - y con mucho dolor - que el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también a los heridos”.

Sin embargo, mientras ella se dirigía al país, cientos de personas eran reprimidas en la Plaza Dos de Mayo y que protestaban en contra de la presidenta de la República y expresaban su rechazo contra el Congreso de la República.

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