No todo es rechazo. La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) se refirió al proyecto de ley presentado por parlamentarios sindicados como ‘Los Niños’ y, aunque cuestionó que esté impulsado por ellos, se mostró a favor del retorno de la inmunidad, la cual fue eliminada en 2021.
Argumentó su posición asegurando que la ausencia de esta figura puede favorecer el desequilibrio de poderes. “Cuando fiscalizamos a grandes autoridades por actos de corrupción, son ellos que salen a los medios de comunicación a denunciarnos públicamente y también quieren denunciarnos a través del Ministerio Público y eso es aberrante porque no se someten al escrutinio del congresista”, explicó en diálogo con RPP.
“Sin embargo, no ha sido lo más correcto que el grupo parlamentario Acción Popular, con cuestionados procesos de investigación, sean los que hayan presentado el proyecto de ley porque se distorsiona el mensaje”, acotó.
¿Qué dice el proyecto de ley presentado por ‘Los Niños?
El texto, impulsado por el despacho de Wilson Soto, plantea que los legisladores “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas”.
En ese sentido, “no pueden ser procesados, ni presos, sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante”.
Además, que si uno de los legisladores es encontrado en flagrancia, que sea “puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas”, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, “de lo contrario procede el silencio administrativo positivo”.
Proyecto de Ley N° 5652 by Infobae Perú on Scribd
Entre las personas que respaldaron la propuesta de Soto se encuentran Elvis Vergara, José Arriola, Carlos Alva, Silvia Monteza, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza y Juan Carlos Mori Celis, quienes son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal en agravio del Estado.
Sin embargo, ante las críticas por el conflicto de interés y amplio rechazo, la legisladora Monteza remitió un oficio solicitando el retiro de su firma del proyecto de ley.
“Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, comunicarle mi decisión de retirar mi firma del proyecto de ley presentado por el congresista Wilson Soto Paredes, PL 05652/2023-CR, Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, para restablecer la inmunidad parlamentaria”, escribió Monteza en el oficio remitido a Javier Ángeles, oficial mayor del Congreso.
Como es de conocimiento público, la lobista Karelim López, cercana a la gestión de Pedro Castillo, acusó a un grupo de acciopopulistas de ser el brazo legislativo del encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por los delitos de organización criminal, rebelión y conspiración.
Dichas declaraciones fueron ratificadas por el colaborador eficaz CE-12-2022, quien sostuvo que los parlamentarios implicados fueron captados por el profesor cajamarquino “para que ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, ellos puedan votar en contra”.
Pese a que también se impulsaron medidas en su contra ante la Comisión de Ética y Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), los legisladores fueron blindados con el apoyo mayoritario de las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú.
Otros cuestionamientos
Ser parte de una organización criminal y tráfico de influencias no es el único delito que alcanza a parlamentarios de Acción Popular. Los recortes de sueldo parece ser un común denominador al interior de la lampa. José Arriola, Jorge Flores Ancachi e Hilda Portero fueron acusados por sus trabajadores de solicitarles una parte de su remuneración o materiales que, al donarlos a causas sociales, mejoraban la imagen de los congresistas.
En el caso de Arriola, el dominical Cuarto Poder denunció que solicitaba víveres para darlos a personas necesitadas del distrito de Ate. Según el reportaje, con el fin de evitar cuestionamientos, obligaba a su personal firmar declaraciones juradas de entrega voluntaria.
Mientras que Portero solicitó 200 sillas de ruedas para donarlas a una iniciativa llamada “La ruta de la Solidaridad”, y, en el caso de Jorge Flores Ancachi, se difundieron audios donde llamaba la atención a sus trabajadores por no darle “de nueva gana” el 10% de su sueldo y 50% de los bonos.
El caso de Flores Ancachi escaló al mencionar a parlamentarios del denominado ‘Bloque democrático’ y asegurar que ellos hacían lo mismo, por lo que se rectificó y terminó denunciado ante la Comisión de Ética.