Mauricio Fernandini y Sada Goray fueron trasladados por el personal policial a la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) hasta que se determine en qué penal enfrentarán los 30 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial dictó en su contra por el caso Marka Group.
Este jueves, el juez Raúl Justiniano Romero determinó que ambos involucrados en los supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda deberán enfrentar el proceso de investigación recluidos en un establecimiento penitenciario ante un presunto riesgo de obstaculización de las diligencias.
“Magistrado concluyó que los 4 casos cumplen los requisitos que exige el Código Procesal Penal para imponer la medida: graves elementos que los vinculan con los hechos, la pena a imponer sería mayor a 4 años y existe el peligro de fuga y obstaculización de la investigación”, detalló el Poder Judicial mediante su cuenta de Twitter.
La decisión fue tomada luego de que se diera a conocer que la empresaria intentó obtener una segunda nacionalidad en República Dominicana y una residencia fiscal en Uruguay. Estos intentos levantaron sospechas sobre una posible probabilidad de fuga por parte de la acusada. Ante esta evidencia, las autoridades consideraron que la prisión preventiva es necesaria para garantizar que la empresaria no evada la justicia y permanezca a disposición del proceso judicial.
En el caso del periodista, uno de los puntos destacados por las autoridades es la inexistencia de arraigo laboral del periodista. Durante la audiencia, Fernandini manifestó que actualmente se encontraba estudiando una maestría en Antropología Visual en la PUCP, lo que no constituye una ocupación laboral estable para el juez. Además, cuando fue arrestado, el acusado estaba realizando un trámite vinculado con su visa, por lo que incrementó la sospecha de riesgo de fuga.
La empresaria está investigada por presuntamente ofrecer una serie de dinero a cambio de que el Fondo MiVivienda actúe en favor de su empresa Marka Group mediante la licitación de obras. La mujer confesó haber pagado hasta S/ 4 millones al exjefe de asesores, Salatiel Marrufo, para beneficiarse económicamente del programa. La acusada también reveló que dicho monto estaba dirigido al expresidente Pedro Castillo.
Se presume que el Fondo Mi Vivienda (FMV), la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), la Superintendencia Única Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) estuvieron copados por personal vinculado a la investigada.
A Goray se le acusa de pertenecer a una organización criminal que supuestamente operaba en esta cartera, además del delito de colusión agravada. En este caso también está involucrado el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, quien se encuentra cumpliendo una orden de prisión preventiva por presuntamente ser parte de la red criminal liderada por Castillo Terrones.
Por su parte, Mauricio Fernandini viene siendo investigado por el supuesto delito de colusión agravada.En el marco de la investigación sobre el caso de corrupción se reveló que el conocido comunicador desempeñó un papel crucial como intermediario entre Sada Goray y Salatiel Marrufo. Fernandini decidió cooperar con las autoridades y se acogió a la figura de confesión sincera ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.
En su testimonio, admitió haber facilitado el encuentro entre la empresaria y el exfuncionario, lo que habría sido determinante para que se conocieran y establecieran relaciones que posteriormente se vincularían a actos de corrupción.