El flamante presidente del Congreso, Alejandro Soto, no para de acumular cuestionamientos. Ahora se ha conocido que habría aprovechado su curul para respaldar una propuesta que bloqueó la posibilidad de recibir una condena del Poder Judicial.
Según una investigación del diario La República, el integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) respaldó con su voto el 11 de mayo pasado que el Pleno sacará adelante la ley n°31751 que modificó uno de los puntos del Nuevo Código Procesal Penal.
En rigor, la iniciativa establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año. Esto terminó por beneficiar a Soto porque justamente iba a recibir una segura condena por los presuntos delitos de estafa y falsedad genérica.
El titular de la Mesa Directiva está involucrado en un proceso en el Tercer Juzgado Penal del Cusco, donde la empresa de transportes Turísticos Waynapicchu lo denunció por dos actos irregulares que ejecutó cuando era su asesor legal.
Uno se dio cuando Soto no cumplió con redactar los estatutos de la empresa a pesar de que recibió S/ 20 000 por este trabajo, mientras que el otro consistió en que les vendió un terreno de su propiedad a un precio mucho mayor al que había pagado. En este último caso resulta más grave porque el titular del Parlamento involucra a más personas.
La historia se remonta al 2012 cuando Soto desembolsó US$ 5 000 a las comunidades de Ayamarca y Pumamarca, del distrito cusqueño de San Sebastián, para que le puedan otorgar un predio que supuestamente era de 640 metros cuadrados cuando tenía 879,9 metros cuadrados. El mismo luego fue reevendido a US$ 250 mil a la empresa de transportes Turísticos Waynapicchu que ahora reclama una reparación civil de S/ 300 mil.
Por este asunto es que la Fiscalía solicitó ocho años y ocho meses de prisión contra Alejandro Soto en abril pasado. Sin embargo, el Poder Judicial aplazó el proceso porque uno de los coimputados en el juicio que se le seguía al legislador de APP no tenía abogado. Volvió a retomarse en julio pasado cuando ya se había dado el visto bueno a una ley que lo salvaba de ser condenado por estafa y falsedad génerica.
Niega acusaciones
Hay que señalar que Alejandro Soto ha negado todas las acusaciones que hay en su contra. Ante la prensa y por redes sociales.
“Rechazo categóricamente las acusaciones falsas que circulan sobre mí. Siempre he actuado con honestidad a lo largo de mi carrera profesional. No permitiré que difamaciones sin fundamentos afecten mi integridad”, indicó.
Sin embargo, el titular de la Mesa Directiva no descartó someterse a una indagación de la Comisión de Ética para esclarecer la ola de acusaciones que hay en su contra.
“Estoy a disposición de la Comisión de Ética, porque, como he ratificado y he dicho, no tengo antecedentes penales, ni judiciales. Ese andamiaje de haberme atribuido 55 denuncias, que luego se ha caído a 9 y ahora se cae a 3, demuestra que no hay una investigación seria. Creo que hay que respetar a las personas y hay que respetar documentos institucionales como los que da el Poder Judicial y el Ministerio Público”, declaró el último martes en RPP Noticias.
Soto se quejó también de que buscan sacarlo del cargo a pesar de que no tiene ni un mes. Hay que recordar que podría sufrir la misma suerte de su colega Lady Camones, quien solo estuvo 40 días en el cargo en el 2022. “Ni siquiera estoy una semana en el cargo y me están buscando hechos que no son trascendentales ni importantes para el país. Una cosa que quede claro: yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado”, zanjó.