Congresistas de Acción Popular, investigados por el caso de ‘Los Niños’, promueven ley para restablecer la inmunidad parlamentaria

A pesar de que la inmunidad parlamentaria quedó sin efecto en febrero del 2021, un sector del Congreso de la República busca restablecerla. Nos referimos a la bancada de Acción Popular que ha presentado un proyecto de reforma constitucional.

Según la iniciativa N° 5652/2023-CR, lo que se busca es modificar los términos que aparecen en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. En este dispositivo legal se menciona que “los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”.

Además, se lee que “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas”.

La propuesta fue presentada por Wilson Soto. Y coincidentemente cuenta con el aval de sus colegas Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza y Juan Carlos Mori Celis, quienes son investigados por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado por parte de la Fiscalía de la Nación en el caso ‘Los Niños’.

Como es público, la lobista Karelim López acusó a los citados acciopopulistas en mayo del 2022 ante la Comisión de Fiscalización de ser el brazo legislativo del encarcelado expresidente Pedro Castillo a cambio de tener favores en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la época del hoy prófugo Juan Silva Villegas.

Además, los parlamentarios habrían tenido influencia en los ministerios de Vivienda y Producción. A pesar de las pruebas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y la Comisión de Ética no les impuso ninguna sanción porque fueron blindados.

En la propuesta de Soto también aparecen las firmas de Carlos Alva, Luis Aragón, José Arriola y Silvia Monteza. Según el colaborador eficaz CE-12-2022, estos acciopopulistas también fueron captados por el expresidente Castillo “para que ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, ellos puedan votar en contra”.

Por esa razón, la fiscal Patricia Benavides también los investiga por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Hay que recordar que no es la primera vez que los parlamentarios de Acción Popular, vinculados al caso de ‘Los Niños’, tratan de impulsar medidas que puedan debilitar las investigaciones en su contra.

En mayo pasado también presentaron una propuesta para que el Congreso de la República sea la institución encargada de designar al procurador general del Estado, así como lo hace con los miembros del Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y el titular de la Defensoría del Pueblo.

“El Procurador General del Estado es elegido por el Congreso, con el voto a favor de los dos tercios del número legal de congresistas, para un período de cinco años. Corresponde al Congreso su remoción por falta grave”, reza en el documento impulsado por el legislador Jorge Flores Ancachi.

Además, el nuevo procurador general también podría ser acusado ante la Comisión Permanente si comete alguna infracción constitucional, de acuerdo al artículo 99. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento, donde se debatirá en la presente legislatura.