La presidenta de la República, Dina Boluarte, no solo afronta una investigación por la muerte de personas durante protestas antigubernamentales. Luego de reportajes sobre sus obras literarias, el Ministerio Público decidió sumar dos carpetas por el presunto delito contra los derechos de autor, en la modalidad de plagio.
Como se recuerda, informes periodísticos de Latina Noticias y Al estilo Juliana revelaron que sus libros “El Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, y “Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú”, contenían un gran porcentaje de copia.
Para no afrontar dos procesos por el mismo delito, según fuentes de El Comercio, la jefa de Estado no solo pidió reprogramar la cita que tenía sobre el primer caso de plagio, sino que solicitó la acumulación de las dos investigaciones. De esta manera, previo a programar una nueva fecha, la fiscalía deberá evaluar si se acoge el requerimiento de Boluarte.
En el primer caso, el programa antiplagios Turnitin registró un 55% de contenido similar. El libro sobre derechos humanos, publicado el 2004 con cuatro capítulos y 176 páginas, detonó cuestionamientos sobre su idoneidad.
Pero no fue la única. Por esta publicación, la mandataria ha sido investigada junto a Efraín Anaya Cárdenas, exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura; Luis Gavancho Chávez, exmagistrado de la Corte Superior de Lima; Marcial Quinto Gomero, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash; María Chávez Serrano, exabogada del Ministerio de la Mujer; Hugo Villar Mayta, exprocurador de la Municipalidad de Bellavista; Nancy Angeludis Tomassini, jueza en actividad; y Carmen Rivera Tejada, quien hasta junio figuraba como abogada en el Ministerio de Salud.
Mientras que, en el segundo, es comprendida junto a Raúl Humala Trigoso, exfiscal actualmente condenado a pena efectiva; Efraín Anaya Cárdenas, Marcial Quinto Gomero, Luis Gavancho Chávez, María Chávez Serrano y Hugo Villar Mayta.
Ante la consulta sobre el primer libro, la sucesora de Pedro Castillo negó haber incurrido en plagio considerando que el material no se publicó ni se comercializó. Sobre el segundo, emitió un comunicado señalando que solo entregó una compilación de normas legales sobre responsabilidad médica.
¿Cuáles son las implicancias del delito?
En diálogo con Latina Noticias, la abogada penalista Romy Chang sostuvo que, si bien no fue comercializado, sí ha sido difundido al ser parte de la biblioteca nacional, por lo que el ilícito no prescribiría, ya que “los afectados continúan siendo afectados, por tanto, podemos hablar de un delito continuado”.
“Muchas personas piensan que esto de copiar ideas de otros no es importante, pero en realidad es un delito grave que está sancionado con una pena de hasta ocho años de cárcel, en el Código Penal. […] No importa si es uno o dos párrafos o cinco hojas, sino que se está haciendo pasar por ideas propias, ideas que en realidad son ajenas. Es decir, se están robando las ideas”, indicó en diálogo con Latina.
“Ella presentó en su currículum esta obra y, luego, cuando ya postula a un cargo mayor, retira el libro de su CV, lo cual nos hace ver que alguna presunción tenía de que esa obra no le pertenecía. Además, hay algo que llama la atención en este libro y es que no hay un editor”, acotó.
¿Qué dijo el Ejecutivo?
El premier Alberto Otárola confirmó que vieron el reportaje, pero aseguró que la ética de la mandataria “está fuera de toda cuestión”. Mientras que la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, invocó a que se investigue.
“Hay muchas cosas que se deberían saber, por eso una investigación clarifica y establece responsabilidades”, remarcó e instó a los centros educativos a fiscalizar en tema de propiedad intelectual.
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